Vamos con Todos exigió al Fiscal de Estado que defienda a los jubilados y sectores vulnerables frente a Camuzzi

"No existe mayor acto de debilidad política que permitir que una empresa monopólica le diga al Estado rionegrino qué leyes está dispuesta a cumplir y cuáles no. Si el Gobierno provincial no actúa de inmediato, estará siendo cómplice de un atropello institucional y del abandono de miles de familias que hoy necesitan la protección del Estado", afirmó José Luis Berros.

Los legisladores recordaron que la Ley 5860 fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura y promulgada por el propio Poder Ejecutivo, por lo que ninguna empresa puede arrogarse la facultad de dejarla sin efecto por decisión propia.

Según las denuncias presentadas por centros de jubilados, cooperativas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Camuzzi se niega a entregar los formularios de declaración jurada previstos por la norma y rechaza otorgar el beneficio a los usuarios alcanzados por la protección legal.

"Estamos hablando de jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o pagar una factura de gas; de personas con discapacidad y de familias que atraviesan una situación desesperante. Mientras crece la pobreza como consecuencia de las políticas nacionales, en Río Negro una empresa pretende quitarles el derecho a calefaccionarse en pleno invierno y el Gobierno mira para otro lado", sostuvo Magdalena Odarda.

Desde Vamos con Todos remarcaron que, si Camuzzi considera que la ley contradice el marco normativo nacional, debe acudir a la Justicia y obtener una declaración de inconstitucionalidad. Mientras eso no ocurra, la ley debe cumplirse sin excepciones.

"Las leyes no son optativas. No puede existir una provincia donde una empresa privada decida qué normas respeta y cuáles ignora. Si se acepta este precedente, mañana cualquier corporación podrá desconocer las decisiones democráticas de la Legislatura. Eso significa renunciar a la soberanía institucional de Río Negro", sostuvo Berros.

El bloque también cuestionó la falta de reacción del Ejecutivo provincial frente al incumplimiento de una norma que él mismo promulgó.

"El Gobierno de Weretilneck tiene la obligación constitucional de defender las leyes de Río Negro y a su pueblo. Si permite que Camuzzi continúe incumpliendo la Ley 5860, estará eligiendo defender los intereses de una empresa monopólica por encima de los derechos de los jubilados y de los sectores más vulnerables. Ese no puede ser el rol de un Estado democrático", expresó Odarda.

Finalmente, los legisladores exigieron que la Fiscalía de Estado impulse de manera urgente las acciones judiciales correspondientes y obtenga una medida cautelar que obligue a Camuzzi a cumplir la ley en todo el territorio provincial.

"Esta pelea no es solamente por una ley. Es una pelea por la dignidad de quienes no pueden afrontar tarifas impagables, por el respeto a las instituciones democráticas y por la defensa de la autonomía de Río Negro. El Gobierno tiene que decidir de qué lado está: del lado de una empresa monopólica o del lado de su pueblo", concluyeron los legisladores.