Se realizó la primera audiencia judicial por el recibo de sueldo de Weretilneck extraído de una computadora de Casa de Gobierno

La investigación penal analiza el acceso al sistema informático provincial que permitió obtener y difundir recibos salariales del gobernador. La defensa del único acusado cuestionó la intervención de la fiscalía y los peritajes realizados.

3 de septiembre de 2026
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Se realizó la primera audiencia judicial por el recibo de sueldo de Weretilneck extraído de una computadora de Casa de Gobierno
Se realizó la primera audiencia judicial por el recibo de sueldo de Weretilneck extraído de una computadora de Casa de Gobierno

El acceso al legajo del gobernador Alberto Weretilneck registró este miércoles su primera audiencia judicial, a partir de una serie de planteos de la defensa del único acusado de haber ingresado sin autorización al sistema informático de la provincia de Río Negro, a fines de junio.

El hecho trascendió inicialmente cuando el investigado -cuya identidad aún no puede difundirse por decisión judicial -hizo públicas copias de recibos salariales del mandatario.

El gobierno provincial comunicó después oficialmente la “filtración de información reservada de sus sistemas informáticos”, cuando en varios medios difundieron fake news sobre un supuesto allanamiento judicial que nunca existió y las informaciones especulaban con una causa en contra del gobernador.

La gacetilla oficial comunicaba del acceso a “recibos de sueldos de integrantes del Ejecutivo, entre ellos, el propio gobernador”. La única filtración, hasta ahora conocida, corresponde a Weretilneck.

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Para entonces, la fiscalía de Viedma ya trabajaba sobre una denuncia presentada por el mandatario. Entre las medidas posteriores, se produjo el secuestro en Altec de una CPU que había sido retirada de la Casa de Gobierno y que, según la investigación, habría sido utilizada por el acusado.

Este miércoles, el juez Adrián Dvorzak presidió la primera audiencia por solicitud del defensor Santiano Güenomil, mientras que por la fiscalía intervinieron Yanina Estela y Sofía Lento.

Inicialmente, la defensa pidió que el debate se realizara de manera privada y preservar la identidad del acusado, bajo la protección de la presunción de inocencia.


Además, Güenomil entendió la necesidad de reservar detalles confidenciales del sistema informático que figuran en el expediente ya que su difusión podría generar “un ingreso masivo” y un “perjuicio grave” para la red pública del Estado provincial.

La fiscal Estela desestimó esos riesgos y el juez rechazó el pedido de realizar la audiencia a puertas cerradas. Sí dispuso que los medios no difundan el nombre ni imágenes que permitan identificar al imputado.

En primer lugar, Güenomil sostuvo que el hecho investigado sería de “acción privada”, lo cual, determinaría que la fiscalía se aparte de la investigación. Según su interpretación, debería ser la persona directamente afectada -en este caso, el gobernador- quien impulsara la acción ante el Poder Judicial.

Estela rechazó ese planteo. Defendió el carácter público del delito investigado y recordó, además, el agravamiento previsto por la ley cuando la presunta violación afecta a un sistema perteneciente a un organismo estatal.

La discusión se concentra en el artículo 153 bis del Código Penal, referido al acceso ilegítimo a sistemas o datos informáticos de acceso restringido. La norma establece una pena de prisión para quien, a sabiendas y sin la debida autorización -o excediendo la que posea-, acceda a un sistema o dato informático de acceso restringido.

La escala se agrava cuando el acceso afecta a un sistema o dato informático de un organismo público estatal, o de un proveedor de servicios públicos o financieros.

El juez Dvorzak dejó pendiente su resolución sobre el planteo y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 7.

El defensor anticipó que su cuestionamiento recaerá en los peritajes realizados; seguramente se trate del CPU retirado de Casa de Gobierno por técnicos de Altec y recién, días después, fue secuestrado y quedó bajo resguardo de la fiscalía penal.

Esa objeción de la defensa se postergó para la audiencia del lunes próximo, aunque, previamente, el juez Dvorzak deberá resolver el planteo de si la investigación sigue siendo del ámbito público y continúa la participación del Ministerio Público o, por el contrario, todo se reduce a una acción privada.

FUENTE: Diario Rio Negro


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