"Quieren instalar que hubo Justicia porque se confirmaron las condenas, pero la familia Mandagaray sabe que esto está muy lejos de ser justicia"

Para Odarda, sin embargo, el recorrido de la causa demuestra “una justicia que se demoró durante años mientras la familia seguía esperando respuestas”. “Gabriel no puede recuperar su vida, pero el Estado sí tiene la obligación de garantizar una respuesta judicial efectiva y en un plazo razonable. No podemos llamar justicia plena a una condena que, por las instancias que todavía quedan, mantiene a los responsables en libertad”, sostuvo.

En este contexto, Odarda cuestionó especialmente el reciente archivo del pedido de juicio político contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia, presentado a partir de la denuncia de la madre de Gabriel, Adriana Fabi. “Días atrás, el poder político decidió archivar la investigación sobre la responsabilidad de los jueces del STJ. Ni siquiera se permitió que la segunda minoría opositora pudiera votar. ¿Cómo no vamos a hablar de blindaje? Se protegió políticamente a quienes debían ser investigados por su actuación en esta causa”, afirmó.

“Tenemos una cadena de protección: los jueces del STJ fueron blindados políticamente y ahora los condenados esperan una eventual decisión de la Corte mientras permanecen libres con una tobillera. La impunidad continúa y la familia de Gabriel sigue pagando las consecuencias”, sostuvo la legisladora.

Odarda también remarcó que el caso dejó al descubierto la necesidad de cambiar de manera urgente el sistema de capacitación de la Policía de Río Negro. “La condena por homicidio culposo de integrantes del COER exige un cambio rotundo en la formación policial. No podemos permitir que la tortura, la humillación, las vejaciones o el abuso de autoridad sean utilizados como métodos de entrenamiento”, señaló.

En ese sentido, recordó que presentó un proyecto para reemplazar el actual COER por el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate “General San Martín”, con un nuevo régimen de formación basado en el respeto irrestricto de los derechos humanos y con controles que impidan que hechos como los que terminaron con la vida de Gabriel vuelvan a repetirse.

“Gabriel era un joven policía que murió mientras estaba bajo la responsabilidad del Estado. Su familia lleva más de cinco años reclamando verdad y justicia. No alcanza con una condena: necesitamos justicia efectiva, instituciones que no se protejan entre sí y cambios profundos para que nunca más una capacitación policial termine en torturas, vejaciones y muerte”, concluyó Odarda.