Le exigen a Weretilneck que de explicaciones por la contratación de una empresa privada para el control facial de trabajadores estatales
El pedido de informes fue impulsado por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y acompañado por la totalidad de los bloques que integran la oposición real en la Legislatura de Río Negro. Reclaman detalles sobre la contratación de Airata S.A., el manejo de datos biométricos y el destino de fondos públicos.
La totalidad de los bloques que conforman la oposición real en la Legislatura rionegrina presentó un pedido de informes para exigir explicaciones sobre la contratación de la empresa Airata S.A. para implementar un sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial.
El requerimiento de información ante el Poder Ejecutivo provincial lleva las firmas de José Luis Berros, Marcela González Abdala, Daniel Sanguinetti, Daniel Belloso, Patricia Mc Kidd, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao, Alejandra Mas, Leandro García, Luis Ivancich, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, representantes de los bloques opositores.
El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, cuestionó la decisión del gobierno de Alberto Weretilneck de destinar cerca de 1.500 millones de pesos a una empresa privada para realizar una tarea vinculada al control del personal estatal y reclamó precisiones sobre el manejo de información sensible de miles de empleados públicos.
“Si el Gobierno necesita pagar 1.500 millones de pesos a una empresa para controlar si un enfermero, una docente o un trabajador estatal fue o no a trabajar, no sé cómo hará para controlar qué hace esa misma empresa con los datos biométricos que va a registrar. Tampoco sabemos cómo controla a las empresas del GNL, a las del oleoducto o a las mineras”, sostuvo Berros.
"Hay versiones que apuntan a que la firma contratada por ALTEC tiene vínculos con dirigentes políticos a nivel nacional, justamente este pedido de informes busca garantizar transparencia sobre una contratación que involucra recursos públicos y datos biométricos de miles de personas. Queremos saber quién contrató, cuánto se paga, por qué se eligió a esta empresa, qué hará con la información recolectada y cuáles son las garantías de protección de esos datos. Son preguntas básicas que el Gobierno provincia debe responder”, finalizó Berros.
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