En la nota el gremio le comunica al Gobierno que, «por medio de la presente, nos dirigimos a Usted y, por su intermedio, a los miembros del Consejo Provincial de la Función Pública, con el fin de comunicar que la entidad sindical que representamos ha decidido no participar en la próxima reunión, la cual, según trascendidos mediáticos, estaría convocada para el día 14 del corriente mes.

Esta decisión constituye una definición gremial adoptada por nuestra conducción, en representación del mandato y la voluntad expresada por numerosos afiliados, quienes vienen manifestando un profundo rechazo al funcionamiento y a los resultados que surgen de las reuniones del Consejo.

Cabe recordar que este órgano fue creado para modernizar el Estado, fortalecer los recursos humanos y garantizar una administración publica eficiente, articulando las políticas laborales, salariales y presupuestarias en beneficio del funcionamiento estatal y de los trabajadores.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo y como consecuencia de las políticas impulsadas por el actual gobierno, el Consejo ha sido progresivamente vaciado de contenido y desnaturalizado en su función original, convirtiéndose en una instancia meramente formal destinada a legitimar decisiones adoptadas de manera unilateral con anterioridad.

Esta realidad evidencia que las definiciones que afectan directamente las condiciones laborales, salariales y sociales de las y los trabajadores públicos, así como el bienestar de sus familias, se resuelven por fuera del ámbito natural de discusión y negociación colectiva. Entendemos que ello constituye un claro perjuicio para los trabajadores y una vulneración al verdadero rol de representación y defensa que algunos sectores dicen ejercer en nombre del conjunto de los empleados públicos.

En este contexto entendemos que los denominados “acuerdos” terminan funcionando como herramientas de convalidación de políticas de ajuste, consolidando y naturalizando las condiciones de precarización laboral y pérdida del poder adquisitivo que padecen las y los trabajadores públicos.

Frente a ello, manifestamos con absoluta claridad que no seremos parte ni cómplices de mecanismos que vulneren los derechos de los trabajadores y atenten contra su dignidad. Esa práctica es incompatible con nuestra concepción sindical, con los principios de defensa irrestricta de las y los trabajadores y con el verdadero sentido de la representación gremial.

Por todo lo expuesto, denunciamos el carácter meramente formal de dichas reuniones, donde quienes participan gubernamentalmente carecen de facultades reales de decisión sobre las políticas que afectan a las y los trabajadores estatales. En consecuencia, exigimos que asuman la responsabilidad y den la cara quienes efectivamente definen el rumbo de las políticas del sector, particularmente el gobernador Weretilneck y Aguiar.
De forma, saludamos.