Foto gentileza del diario Rio Negro

El documento del sector naranja, menciona que los trabajadores del Poder Judicial de Río Negro manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la actual política salarial y el estado de parálisis que atraviesa nuestra institución. Mientras otros sectores de la administración pública provincial han logrado esquemas de recomposición que intentan mitigar la pérdida del poder adquisitivo, el sector judicial permanece bajo un esquema de «supervivencia» que nos condena a la precariedad.

1. Desfasaje Salarial Comparativo y Actualización Insuficiente
Es imperativo señalar la asimetría existente en las negociaciones de 2026. Con el reciente dato de inflación de marzo del 3,4%, el costo de vida acumulado en el primer trimestre alcanzó el 9,4%. Ante este escenario, sectores como el Docente (5,29% en marzo, bono de $250.000 y subas de hasta el 40% en ítems de ubicación) y el Poder Legislativo (proyección del 24% semestral) han obtenido herramientas de recupero real.

En contraste, el acuerdo del 9,62% cuatrimestral se limita estrictamente a igualar una inflación que, en términos reales, ya ha licuado el salario. Mientras los precios de la canasta básica suben por encima del promedio, el sueldo judicial apenas intenta «no perder», sin lograr una recomposición genuina frente a los aumentos de marzo en Educación (12,1%) y servicios básicos.

2. El Estancamiento de la Carrera Judicial
Denunciamos que la actual Carrera Judicial se encuentra agotada y carece de proyecciones de crecimiento. No ha aportado innovaciones ni beneficios sustanciales; por el contrario, se ha convertido en una estructura estancada que no reconoce el mérito ni la especialización. Un sistema que no ofrece movilidad ascendente real es un sistema que desalienta la excelencia en el servicio de justicia.

3. El Ingresante bajo la Línea de Pobreza
Advertimos con gravedad que hoy, cualquier empleado que inicia su trayectoria en el Poder Judicial —sin distinción de escalafón o categoría— se encuentra técnicamente bajo la línea de pobreza. Resulta inadmisible que un poder del Estado funcione con estándares salariales mínimos para quienes garantizan el acceso a la justicia de la ciudadanía. La falta de bonos compensatorios (como el de $250.000 otorgado a otros sectores como el docente) profundiza esta vulnerabilidad.

4. Crisis de Representación Gremial
Observamos con alarma un estado de inacción preocupante en la actual conducción sindical. La carencia de una tarea gremial técnica y combativa ha permitido que se negocie sobre «lo que sobra» y no sobre lo que legítimamente corresponde. La herencia de gestiones anteriores se mantiene en una conducción que no ha sabido proponer una agenda de recomposición seria.

5. El Retroactivo: Una deuda que no compensa
Denunciamos que el pago de retroactivos, lejos de ser una solución, se ha convertido en una herramienta de licuación salarial. Percibir hoy montos correspondientes a meses anteriores significa cobrar un dinero que ya ha perdido valor frente a la escalada de precios. La falta de una actualización en tiempo real y el pago desdoblado o tardío de estas diferencias no hace más que confirmar que el trabajador judicial financia el desfasaje financiero del Estado, mientras su poder de compra se pulveriza mes a mes.

6. Beneficios para otros sectores y mayor desigualdad
A esta situación se suma el pago del ítem Indumentaria dispuesto para el personal de la administración pública provincial, que contempla el abono de $125.000 en abril y otro monto igual en mayo, totalizando $250.000 adicionales que impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores.
Este beneficio alcanza a la administración pública en general, con exclusión de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, profundizando una desigualdad que se repite sistemáticamente y que vuelve a dejar al sector judicial relegado frente al resto de los trabajadores del Estado.

Mientras otros sectores reciben sumas concretas que representan alivios reales frente a la inflación, los trabajadores judiciales seguimos sin herramientas de recomposición salarial ni compensaciones extraordinarias. Esta diferencia no sólo agrava el deterioro salarial, sino que evidencia la ausencia de una política salarial equitativa para quienes integramos el Poder Judicial.

Resulta aún más preocupante que, incluso en sectores que han recibido mejoras, el conflicto continúe vigente. El sector docente, pese a haber percibido aumentos y bonos, mantiene medidas de fuerza al considerar insuficientas las propuestas, lo que demuestra la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo.

En este contexto, la situación del Poder Judicial se vuelve aún más crítica: sin recomposición real, sin sumas compensatorias y sin una política salarial clara, el deterioro continúa profundizándose mes a mes.
NUESTRA EXIGENCIA:
Instamos a una REFORMA TOTAL de los ítems específicos del escalafón judicial (movilidad, títulos, responsabilidad y permanencia). No buscamos una mera actualización por inflación; exigimos una reestructuración que devuelva la dignidad al trabajador judicial y reactive una carrera hoy inexistente.

Asimismo, reclamamos la apertura urgente de una instancia real de discusión salarial, con participación activa de las trabajadoras y trabajadores judiciales, que permita construir una propuesta seria de recomposición y no meros paliativos que se diluyen frente a la inflación. La situación actual no admite dilaciones ni respuestas parciales: el deterioro salarial y la falta de perspectivas están afectando no sólo a quienes integramos el Poder Judicial, sino también a la calidad del servicio de justicia que brindamos a la ciudadanía.
No hay justicia posible con trabajadores empobrecidos, sin carrera y sin reconocimiento. La dignidad del trabajo judicial no puede seguir siendo postergada.