Según indicó la Fiscalía, una de ellas, en su carácter de Directora Contable y Subsecretaria de Coordinación Regional entre 2019 y 2022 y la otra, empleada de ambas áreas pertenecientes a la cartera educativa, permitieron la contratación directa del servicio de transporte escolar en Bariloche, “en miras a la obtención de un beneficio propio y de un tercero, hijo de esta última”.

“En el período aludido, se autorizó la contratación directa del hombre en seis oportunidades a través de distintos expedientes, pese a la incompatibilidad por el vínculo entre el contratado y la mujer, prevista por el art. 19 de la Ley Provincial de Ética e Idoneidad de la Función Pública”. Agregó la acusación que en diversas ocasiones, la contratación benefició al hombre por sobre otros oferentes que presentaban mejores condiciones.

El delito endilgado a los tres imputados es el de negociaciones incompatibles con la administración pública siendo las dos mujeres sindicadas como autoras y el hombre, partícipe necesario.

El legajo penal se inició por una denuncia realizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a partir de la cual la fiscalía inició una investigación preliminar que incluyó gran cantidad de documentación y permitió la realización de una pericia de más de un centenar de páginas realizada por el equipo de contadores del Ministerio Público. Con esta evidencia se formularon cargos.

En la audiencia, además de detallar el sustento probatorio, la Fiscalía mencionó distintos expedientes en los que se habrían detectado irregularidades. A pesar de la oposición del abogado particular, el Juez interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.