La oferta incluía además cinco cuotas bonificadas y un valor promocional para la unidad. El cliente aceptó la propuesta, se incorporó al plan y comenzó a pagar las cuotas.

Sin embargo, con el paso de los meses la entrega nunca se concretó. El consumidor continuó abonando el plan mientras realizaba reclamos para conocer cuándo recibiría la camioneta prometida. La situación derivó en una demanda judicial: un fallo civil condenó en forma solidaria a la administradora del plan, a la concesionaria interviniente y a la fabricante a pagar más de 6,6 millones de pesos entre devolución de cuotas y daño moral.

El consumidor acreditó que recibió por correo electrónico una promoción concreta del “centro de promociones Chevrolet”, canalizada a través de la concesionaria RPM. La propuesta incluía la entrega del vehículo en la cuota cuatro tras cubrir el 30 por ciento del valor más gastos, cinco cuotas bonificadas y un precio promocional para la unidad. Una pericia informática confirmó la autenticidad de esos correos electrónicos. Para el tribunal, no se trató de un simple intercambio informal sino de una oferta comercial con precisiones suficientes como para generar una expectativa legítima.

En materia de defensa del consumidor, esas precisiones obligan al proveedor. La sentencia recordó que la Ley de Defensa del Consumidor establece que las condiciones incluidas en la publicidad o en las promociones se consideran incorporadas al contrato.

Sin embargo, la operación terminó canalizada a través de un plan de ahorro para fines determinados. El cliente ingresó mediante una cesión a un grupo ya conformado, bajo la modalidad de “cuota reducida”. La pericia contable acreditó que pagó 19 cuotas entre marzo de 2022 y octubre de 2023. La entrega prometida en la cuota cuatro nunca se concretó.

Las empresas demandadas plantearon defensas distintas. La concesionaria sostuvo que su intervención había sido meramente administrativa. La fabricante argumentó que solo produce y vende vehículos a su red oficial de concesionarios y que no participa en la relación contractual con los consumidores. Por su parte, la administradora del plan afirmó que el contrato firmado no incluía las condiciones mencionadas por el cliente y que cualquier promesa realizada por la concesionaria le resultaba ajena.

El juez rechazó ese planteo. Consideró que en este tipo de operaciones existe una red de contratos vinculados entre la administradora del plan, la concesionaria y el fabricante. Todas las empresas participan de una misma estructura de comercialización destinada a colocar vehículos en el mercado. Desde esa perspectiva, frente al consumidor actúan como un mismo sistema económico y comparten responsabilidad por el incumplimiento.

La sentencia encuadró el caso en la Ley de Defensa del Consumidor y destacó dos aspectos centrales: el carácter vinculante de la publicidad y el deber de información. Según el fallo la oferta que prometía la entrega del vehículo en la cuota cuatro formó parte de la relación contractual y no fue cumplida.

La sentencia dispuso la rescisión del contrato y ordenó devolver 1.627.618 pesos correspondientes a las 19 cuotas abonadas, con intereses. Además fijó una indemnización de 5 millones de pesos por daño moral. El magistrado consideró acreditada la frustración, la incertidumbre y las molestias derivadas de los reiterados reclamos realizados sin obtener una respuesta satisfactoria.

El reclamo por daño punitivo fue rechazado. El tribunal entendió que, aunque existió un incumplimiento contractual, no se probó una conducta dolosa o de extrema gravedad que justificara la aplicación de una sanción civil adicional.

Tampoco prosperó el reclamo por privación de uso del vehículo. El juez consideró que no se acreditó un perjuicio patrimonial concreto, especialmente porque el demandante continuaba disponiendo de otro rodado. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.