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Zagari y Falca podrían ir a juicio político por la investigación en el asesinato de Atahualpa

Archivo Daniela Zagari

Se reunió el Consejo de la Magistratura para abordar procesos disciplinarios en el marco de los expedientes por el caso Atahualpa Martínez Vinaya.

Presidió el consejo el vocal del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián y lo integraron los legisladores Tania Lastra y Nicolás Rochás, los representantes del Colegio de Abogados Cirilo Bustamante y Alejandro Montanari. Al abordar la situación de Ricardo Falca actuó el Procurador General Jorge Crespo, y, luego lo reemplazó el juez Gustavo Guerra Lavayen cuando se trataron los planteos de Daniela Zágari.

Ricardo Falca ex fiscal

En primer término se analizó un planteo del ex fiscal Ricardo Falca, cuyo expediente había sido remitido en la última reunión a la Procuración General. Falca presentó un recurso ante el propio Consejo de la Magistratura en contra de aquella decisión.

La Presidencia del Consejo de la Magistratura elaboró escrito con una moción de rechazar el planteo, atento a que consideró que en esta instancia una decisión de esta naturaleza no se afecta el derecho de defensa ni el debido proceso. En este marco, recordó que, en tanto no se afecte el derecho de defensa ni el debido proceso, las decisiones del Consejo de la Magistratura son irrecurribles.

Por unanimidad, los consejeros adhirieron al voto de la presidencia y por lo tanto quedó firme la decisión de remitir el expediente a la Procuración General.

Luego, el Consejo de la Magistratura trató un recurso elaborado por la jueza Daniela Zágari.

También el presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Apcarián, presentó una moción escrita fundamentando el rechazo del planteo.

Luego de dar los argumentos, por unanimidad del Consejo de la Magistratura decidió adherir al rechazo del planteo. Superada esa instancia, se trató el informe que oportunamente había remitido el instructor sumariante, consejero Adrián Casadei respecto a la Dra. Daniela Zagari. Casadei había aconsejado remitir el expediente a la Procuración General.

Finalmente, por mayoría se dispuso el pase a la Procuración con el voto de todos los consejeros, a excepción de Gustavo Guerra Lavayen, que votó en disidencia, entendiendo que los cargos atribuidos “no son consistentes”.






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