Alberto Weretilneck y Martín Doñate elaboraron un proyecto de declaración de estado de emergencia agropecuaria por el plazo de 360 días para todas las regiones de producción frutícola que se han visto perjudicadas como consecuencia de las fuertes heladas tardías de los días 30 y 31 de octubre que han afectado muy negativamente la producción del sector.

Solicitan al Gobierno Nacional una partida económica específica para asistir a los damnificados y reconstruir las economías regionales afectadas, y la aplicación de medidas impositivas especiales como eximir total o parcialmente u otorgar prórrogas al vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia.

También proponen eximir total o parcialmente y otorgar prórrogas de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de las regiones afectadas por esta situación extraordinaria.

Por otra parte, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Banco de la Nación, adopte medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores afectados. Lo mismo con regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para contener a los contribuyentes afectados.

En otro artículo, Doñate y Weretilneck solicitaron al Gobierno Nacional la suspensión “por el término de hasta un ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria”, la emisión de intimaciones por falta de presentación y/o pago y la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas de AFIP, ANSES, Banco de la Nación y demás organismos estatales que determine el Poder Ejecutivo, para los productores afectados.

Finalmente, solicitan la suspensión por hasta 360 días hábiles judiciales post período de emergencia agropecuaria, de los pedidos de quiebra que pueda formular la AFIP, ANSES o BNA, relativos a los productores afectados.