UnTER realizó sendas presentaciones ante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos e IPROSS para exigir la implementación de la Ley Provincial N° 5.059 -Programa Integral para el tratamiento de enfermedades Neoproliferativas malignas- y de la Resolución 472/16 del CPE, en defensa de la salud de trabajadores y trabajadoras.

La Secretaria de Salud en la Escuela, Marcela Medina, junto al Secretario Adjunto, Marcelo Nervi, en su caracter de Vocal Sindical en Ipross y la Vocal Gremial Docente, Sandra Schieroni, realizaron en Viedma la presentación ante Ipross, el jueves 12 y hoy viernes 13, un documento Pronto Despacho al Ministerio de Educación a los efectos de exigir respuesta a los numerosos reclamos presentados por docentes afectados a quienes no se les reconoce los pedidos de licencia ni garantías laborales enunciadas en la normativa.

Esta situación se constituye en si misma, en un grave avasallamiento de los derechos humanos y también un desconocimiento de la patronal de las leyes votadas por sus propios legisladores/as.

Las presentaciones realizadas exigen a la Ministra Mónica Silva y al Presidente de IproSS, Claudio Di Tella el cumplimiento inmediato de la Ley Provincial, con la sola presentación del resumen de la Historia Clínica, para garantizar el acceso sin dilaciones al tratamiento correspondiente, mientras tanto urge la reglamentación por parte de la obra social y, por el Ministerio, la creación de los organismos encargados de certificar y otorgar las licencias laborales.

Vale recordar que la Ley Provincial N° 5059 , tuvo su origen en un proyecto elaborado desde UnTER, presentado en la legislatura en mayo del 2014 y que dicha norma fue sancionada con el voto por unanimidad de la Legislatura en septiembre de 2015, por lo tanto esta vigente desde entonces.

Esta legislación determina la creación de un programa de “Asistencia Integral” para trabajadores/as estatales afectados por enfermedades oncológicas y neoproliferativas. Lo que implica la incorporación a un programa de atención especializada e integral con la garantía de las condiciones de trabajo, como asimismo licencias y salarios, la agilización de trámites y contemplación de las condiciones especiales que atraviesa la persona con padecimientos graves y la avocación de personal especialmente afectado a la cobertura integral de la persona enferma, entre otros. Con este marco, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos emitió la Res. 472/16,para su reconocimiento a docentes y familiares.

Sin embargo, bajo excusas burocráticas, los funcionarios no cumplen con la Ley. La obra social, demora la reglamentación correspondiente y,mientras tanto, se niega a certificar la afección, lo que impide a los/as trabajadores/as acceder a al protección definida por la legislación. Por su parte, el Ministerio aduce que hasta tanto no exista la reglamentación, no puede dar curso a las licencias. Estas dilaciones, ponen en riesgo la atención a la salud de compañeras y compañeros, su calidad de vida y recibir un tratamiento acorde, sin el temor de perder su trabajo ni su salario.

Resulta lamentable que algunos funcionarios/as no tengan la calidad humana de comprender que están al servicio del pueblo, que el cuidado de la salud no puede someterse a las especulaciones financieras y que de no cumplir con sus funciones, serán los responsables de las graves consecuencias de sus actos, porque mucho más que sus cargos, lo que está en juego es la vida.