Ante un pedido interpuesto por la Defensa Pública de Río Negro, la Justicia rionegrina dispuso que una niña de siete años de edad sea restituida a su familia biológica. La Defensora de Pobres y Ausentes, Mariela Pape representó a la mujer, quien no tuvo oportunidad de ejercer su defensa durante más de 5 años ya que el proceso se inicio sin encontrarse ella debidamente asesorada.

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“Estamos muy conformes con la sentencia, no desconocemos que la decisión fue muy difícil pero resulta ejemplar. Se le han devuelto a la niña derechos humanos y constitucionales que hoy tenía totalmente negados ya que desconocía su realidad biológica y gracias a nuestra presentación logramos que tanto ella como mi representada puedan volver a verse, ser escuchadas y que se sepa la verdad”, expresó la Defensora.

“Pasaron casi dos años y lo logramos. Fue un camino duro pero esta sentencia dictada por la jueza Carolina Scoccia, tiene un valor que excede la vida de este grupo familiar. Tiene un valor fundamental para la sociedad y es que nunca más ningún niño sea separado de su familia de origen por necesidad, aprovechando una situación de pobreza o de debilidad, y en procesos ilegales que pongan en total estado de indefensión a las partes”, finalizó Pape.

Si bien el proceso se inició a pocos meses de nacer la niña (en el año 2009), la madre biológica -desconociendo cómo eran los trámites obligatorios para realizar una guarda legal- otorgó el cuidado y crianza de su hija a un matrimonio de conocidos para su posterior adopción, en momentos en que se encontraba en extremo estado de vulnerabilidad por no tener trabajo y estar en situación de calle con otros dos hijos a cargo.

Ese proceso, aunque voluntario por parte de la madre biológica, fue iniciado sin la debida asistencia letrada y sin respetar los pasos legales necesarios a tal fin, a espaldas del sistema vigente y obligatorio, volviendo dicha adopción ilegal.

Por ello, ante una primer presentación de la progenitora ante el juzgado de familia manifestando que no se respetaba el contacto de la niña con sus hermanos, único requerimiento realizado por ella al momento de consentir la guarda pre adoptiva, la Defensa Pública inició su intervención en el proceso que finalmente determinó que la niña sea restituida a su familia de origen.

De esta forma, la jueza interviniente, haciendo lugar a lo solicitado por la Defensora Pape, rechazó la adopción pretendida por los guardadores y ordenó la restitución de forma gradual “acorde a las necesidades y respetando los tiempos de la niña”. La decisión impone no obstante, que cumplida la restitución, se mantenga un sistema de comunicación con la familia guardadora.

A partir de diversos informes psicosociales y entrevistas varias, pudo determinarse tanto el arrepentimiento, como el estado de vulnerabilidad social en el que la madre de la niña se encontraba inmerso al momento de tomar la decisión; estado que hoy se encuentra revertido.

Asimismo, constituyó un elemento determinante, la falta de inscripción de la pareja en el Registro Público de Adoptantes que implicó la ausencia de estudios e informes que acrediten su legitimidad para adoptar. Fue finalmente, fundamental, la opinión de la niña evaluada en diversas oportunidades por los equipos técnicos judiciales, conforme su edad y madurez.