Son 19 los testigos que declararán en el juicio político contra el juez Guerra Lavayén que comienza este jueves
El juicio político al juez Laboral Gustavo Guerra Labayen se inicia este jueves. El mismo se iba a realizar el pasado mes de agosto y debido a una situación médica de una de las representantes del Colegio de la Abogacía de Viedma, se pospuso para este 4 de septiembre.

Juez Guerra Lavayen
Foto Gentileza. Diario Rio Negro
El juicio político contará con 19 testigos, muchos de ellos integrantes del Poder Judicial de la provincia de Rio Negro, cómo es el caso de los dos jueces laborales de Viedma, los Dres. Rolando Gaitán y Marcelo Valverde, y uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el Vocal Sergio Ceci.
También declararán los integrantes del Colegio de abogados, algunos de ellos los que promovieron las denuncias que terminó en la investigación en el Consejo de la Magistratura, por cuestiones de desempeño del magistrado suspendido, relacionadas con atrasos en sentencias y pérdidas de jurisdicción en algunos procesos.
El procurador General de Rio Negro Jorge Crespo después de estudiar las pruebas presentadas, el pasado 21 de febrero elevó ante el Consejo de la Magistratura, el requerimiento de juicio oral correspondiente contra el magistrado laboral suspendido.
Para Crespo, el juez suspendido Guerra Labayén incurrió en retrasos que son considerados irregulares en el dictado de 25 sentencias definitivas, cuyos plazos estaban vencidos al momento de una inspección realizada el 15 de diciembre de 2023.
Las demoras, que en algunos casos superaron los nueve meses, según expresó Crespo en su requerimiento, afectaron directamente a los justiciables, muchos de ellos trabajadores que esperaban resoluciones sobre conflictos laborales de carácter alimentario.
El Procurador destacó que el magistrado perdió la competencia para dictar sentencia en ocho causas laborales debido a la mora en la resolución de los casos.
La pérdida de competencia fueron solicitadas por abogados matriculados en el Colegio de Abogados de Viedma, quienes denunciaron retrasos excesivos en el dictado de sentencias.
En el informe de la Auditoría Judicial General, estas demoras perjudicaron a los litigantes, y también dañaron la imagen del Poder Judicial ante la sociedad.
ceso en su contra.
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