De esta forma se unificó la investigación por el término de cuatro meses durante los cuales se mantendrán las medidas cautelares que ya se les había impuesto a los imputados de inhibición general de bienes y prohibición de salida del país.

En la descripción del nuevo hecho, la acusación integrada por la Fiscalía y la querella (compuesta por abogados privados y la Fiscalía de Estado de Río Negro), requirió que se tengan por formulados los cargos contra ambos imputados entendiendo que “a partir de un convenio que la cartera del Poder Ejecutivo realizó con la empresa de cobros, ellos -en su rol de administradores de las sumas transferidas por el mencionado Ministerio para que realicen los pagos correspondientes a los beneficiarios del Programa Pequeños productores- defraudaron a la Provincia de Río Negro en más de un millón de pesos.

“Ello violando sus deberes (establecidos por convenio) y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido”, explicaron.

Por los próximos cuatro meses, entonces, tanto la acusación como la Defensa Pública deberán probar sus respectivas teorías del caso en el marco de la investigación penal preparatoria dispuesta por la Jueza de Garantías interviniente.

El legajo se compone así de cuatro hechos diversos, a partir de las denuncias efectuadas por EderSA, Gire SA, Aguas Rionegrinas y el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Estos dos organismos públicos explican la constitución como querellante de la Fiscalía de Estado.

EderSa es quien mayor perjuicio económico había denunciado, por más de 147 millones de pesos. En tanto Aguas Rionegrinas estima que la falta de rendición y transferencia de las cobranzas por el servicio de agua potable y desagües cloacales perjudicó al Estado en más de dos millones de pesos. Finalmente GIRE SA denunció un perjuicio patrimonial superior a los 16 millones y medio de pesos por el incumplimiento de rendir lo recaudado en las 14 sucursales de Rapi Pago distribuidas en la provincia.