A ambos les atribuye haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente a cambio de dinero y drogas.

Según la acusación, integrada también por la fiscal adjunta Yanina Estela Pasarelli, el legislador habría perpetrado el hecho en el año 2017 en el departamento trasero de una confitería ubicada en las afueras de San Antonio Oeste. El intendente, en tanto, habría mantenido relaciones sexuales con la misma adolescente en un departamento.

La Fiscalía encuadró los hechos en el delito de corrupción de menores y destacó que los mismos fueron tendientes a corromper el normal comportamiento sexual de la víctima.

Como sustento probatorio, el Ministerio Público Fiscal mencionó la denuncia penal presentada por la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, el relato de la menor víctima efectuado bajo el dispositivo de cámara gesell, el informe del cuerpo de investigación judicial y el resultado de las ruedas de reconocimiento efectuada a la victima y al principal testigo de los hechos. En este sentido aclaró que el estado de la victima durante la consecución de dicha medida en la que no reconoció a los imputados, era de un alto grado de angustia en el marco del cual admitió haber sido amenazada.

Agregó además el relato de diversas operadoras de la SENAF, los resultados de la medida de reconocimiento de lugares realizado por la víctima y la principal testigo en la propia localidad y la pericia psicológica efectuada a la víctima.