Estará destinada también a los empleados de los entes autárquicos, de los municipios que se adhieran, y a los trabajadores pasivos provinciales y beneficiarios de planes sociales otorgados por la provincia.

Esta creación, que fue aprobada por la mayoría del recinto legislativo, se enmarca en la ley General de Sociedades (19550), y la provincia tendrá el 100 por ciento del capital social.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y estará a cargo de todas las acciones que requieran la creación de “Río Negro Compras”.

El legislador Alfredo Martín (JSRN) expresó que para poner en marcha esta tarjeta se requerirá de una pequeña estructura administrativa y licitar un sistema informático que ya esté probado.

Afirmó que se pretende que esta iniciativa sume al desarrollo social y económico local y se convierta en una herramienta facilitadora de servicios.

Manifestó que “es una manera de facilitar al Estado provincial herramientas hábiles que le permitan participar en el mercado de tarjetas de compras y/o créditos mediante un sistema propio, como manera de garantizar a los empleados el acceso al crédito en condiciones que puedan romper con el sistema de créditos de financieras de cualquier tipo, que cobran una tasa muy superior a las del mercado y que son imposibles de soportar”.

En este sentido, señaló que existen en la provincia trabajadores con sus “salarios tomados”, que deben tomar préstamos para sobrevivir.

El legislador manifestó que para que no queden dudas sobre cómo va a funcionar, en su artículo sexto la norma agrega que, en forma semestral, la Sindicatura de Río Negro Compras S.A. elevará un informe al Ministerio de Economía y a la Legislatura sobre la gestión de la empresa y los resultados obtenidos.

El bloque del Frente para la Victoria, Fuerza Nacional y Popular y CFK Argentina, votaron en contra del proyecto porque coincidieron en que la iniciativa carece de especificaciones técnicas, como estatuto, plan de negocios, y porque no se dio tiempo al debate y consulta a los diferentes sectores involucrados, como sindicatos o comerciantes.

En este sentido, el legislador Mario Sabatella (FNYP) afirmó que “quizás el objetivo es noble, pero se hizo a las apuradas”. Asimismo, señaló que la ley “tiene lagunas, vacíos, y se deja todo librado a su reglamentación”.

Raúl Martínez (FPV) afirmó que esta S.A. “está condenada al fracaso porque viene a cumplir el mismo rol que tienen las mutuales y los sindicatos”.

Alejandro Ramos Mejía (FPV) afirmó que la mejor manera de ayudar a los trabajadores es a través de sus haberes “y no con una tarjeta más, con más deuda, más intereses, más costo financiero”.

Ricardo Arroyo (CFK Argentina) consideró que esta tarjeta “crea una ilusión” y en vez de considerar a los individuos como “sujetos de derechos” los considera “objetos de asistencia”.

Por su parte, el legislador Alejandro Marinao (FPV) señaló que la solución es ponerle un tope a los códigos de descuentos y que si hay financieras que están haciendo usura, hay que sacarles ese permiso.

En sentido contrario, el legislador Jorge Ocampos (CC-ARI-Cambiemos) adelantó su acompañamiento al proyecto “porque entendemos que no va a tener un fin diferente al que anuncian, es decir, que va a ser una tarjeta que va a manejar el Estado provincial con la transparencia que requiere la estructura de la provincia.”

De la misma forma, la legisladora Soraya Yauhar (UCR) avaló la medida “porque genera un apoyo al trabajador, al que menos tiene, que con este sistema podrá acceder al financiamiento” y se manifestó en contra de la mirada crítica de un sector de la Legislatura que quiere llevar todo a un debate de poca calidad técnica.

El presidente de la bancada oficialista, Alejandro Palmieri, afirmó que hoy se está creando una herramienta simple que es un beneficio más que el Estado le está dando a sus empleados.

Consideró que no es negativo competir con las mutuales por un beneficio más para los empleados y que la tarjeta no es obligatoria.

Manifestó además que es incoherente que “los legisladores que son estatistas por naturaleza y que critican al neoliberalismo, hoy estén en contra de que el Estado intervenga para darle una alternativa favorable a los trabajadores”.