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Reunión del Consejo de la Magistratura con un juez acusado de retrasar sentencias y abogados que cobrarían del estado por ventanilla doble

La reunión de este lunes del Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción podría dejar mucha tela para cortar.

Si bien está convocada para evaluar un recurso planteado por el cuestionado camarista laboral de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, trascendidos de pasillos tribunalicios advirtieron que “podrían sumarse otras cosas”.

El juez de la Cámara del Trabajo de Viedma fue denunciado por integrantes del Colegio de Abogados de esta capital por demoras en la resolución de causas, generando esta situación el inicio de un sumario que aún no está finalizado pero que puso en marcha la posibilidad de llegar a un juicio político contra el magistrado.

El presunto “mal desempeño” del camarista es el eje de esta investigación que aún no ha sido analizada por el Consejo de la Magistratura que lo hará una vez que sea entregado el sumario.

Tanto la Ley Orgánica como la normativa de este órgano encargado de elegir y sancionar jueces establecen que cinco sentencias atrasadas es causal de “mal desempeño”.

En la reunión de hoy los integrantes del Consejo -jueces, abogados y legisladores- analizarán si es procedente o no elevar a consideración del Superior Tribunal de Justicia la recusación planteada por Guerra Labayén contra los abogados viedmenses que integran este cuerpo por cuestionar el doble rol de ser denunciantes y jueces.

En el encuentro anterior del Consejo, el abogado Fernando Chironi , en representación del juez cuestionado fundamentó la recusación en la necesidad de ser juzgado por un Tribunal Imparcial y que “Guerra Labayén tenga un juicio justo”.

“OTRAS COSAS”

Mientras se trabaja en la elaboración del sumario iniciado hace unos meses recientemente tomaron trascendencia tres fallos de la Cámara del Trabajo de Viedma -firmados entre abril y mayo- fundamentados como primer voto por Guerra Labayén.

Las tres resoluciones estuvieron vinculadas a accidentes de trabajo sufridos por un peón de campo, un personal de maestranza de una escuela y un trabajador estatal que accionaron contra la empresa rionegrina Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.

Al margen de resolver la cuestión de fondo, Guerra Labayén envió copias de estos tres fallos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Fiscalía de Estado para que sea investigada la participación de abogados que trabajan en distintas dependencias estatales y que intervinieron como denunciantes en los fallos de referencia, toda vez que demandaron en estos casos a una sociedad anónima con participación estatal mayoritario.

El envío a esos órganos de control externo del Estado tiene el objetivo de aplicar las disposiciones de la Ley N° 3550 de Etica Pública y los criterios interpretativos que surjan de esta norma y sobre los que se ha expedido el Superior Tribunal.

La semana pasada el tema fue el comentario de letrados en los pasillos de Tribunales que calificaron esa decisión de Guerra Labayén como “una venganza”.

En ese marco no se descarta que en la reunión de hoy del Consejo se “sumen otras cosas” que podrían estar vinculadas a estas disposiciones del magistrado laboral. Siempre de acuerdo a los trascendidos de pasillos judiciales con paredes atentas a la escucha.