Para ello, la iniciativa de Marcela Ávila y Lucas Pica (JSRN) propone un Registro Provincial de Aplicaciones Móviles, que funcione en el ámbito de la Agencia de Recaudación Tributaria, para que se inscriban los prestadores de servicios de mensajería urbana y de reparto a domicilio de sustancias alimenticias en la Provincia y tener así un un mayor control por parte del Estado sobre los servicios que prestan estas empresas. Además se pide un seguro de responsabilidad civil contra terceros y de accidentes personales y que se cumplan con las medidas de seguridad.

Pica explicó que la competencia de derecho laboral la tiene el Congreso de la Nación y que los municipios tienen la incumbencia de habilitación comercial, pero que con este proyecto la Provincia se está haciendo cargo de una laguna legal que existe a nivel nacional y que busca una solución “a la rionegrina, en el mientras tanto”, para que los repartidores y consumidores tengan el mínimo umbral de protección, hasta tanto la Nación se expida.

El legislador recordó que, en el marco de la pandemia por el COVD-19, esta actividad fue calificada como esencial por el gobierno de la Nación, y consideró que “en Río Negro hay que tomar una decisión política que es la respuesta posible, dentro de las acotadas competencias”.

Pablo Barreno (FDT) adelantó el voto negativo de su bancada porque sostuvo que esta iniciativa legitima la precarización laboral de estos trabajadores y que les impone más obligaciones que derechos.

Ávila aseguró que el proyecto no pone en duda la relación de dependencia de los trabajadores, sino que “asegura que en Río Negro sea la empresa de aplicación móvil la que deba acreditar que ese trabajador tenga los elementos de seguridad vial y sanitario indispensable para su cuidado”. A su vez, resaltó que “como estas empresas avanzan en nuestro territorio, es importante que las podamos identificar”.

Juan Martín (Juntos por el Cambio) manifestó que el proyecto “viene a cubrir un vacío legal del que nos tenemos que ocupar, porque muchos actores hacen un uso abusivo por carecer de la regulación específica”, pero dudó en que se esté “dando una solución analógica a un mundo digital”.

Pica cerró el debate diciendo “que no se puede detener lo indetenible, que son el progreso y el avance tecnológico”, y que “se busca tomar una decisión política para encauzar los procesos y que el Estado se centre en la escena para regular lo que hoy no está regulado.”