El caso fue denunciado el viernes pasado, pero la comunicación telefónica y las transferencias de dinero se habían realizado 24 horas antes, durante la tarde del jueves.

Quienes contactaron a una de las mujeres le dijeron que era beneficiaria de un ingreso de 10.000 pesos otorgado a través del Anses y, bajo la excusa de ayudarla para poder efectuar el cobro, lograron que realice tres transferencias bancarias. En una de ellas intervino otra persona que también resultó damnificada.

A partir de una medida cautelar requerida apenas receptada la denuncia, el Banco Nación (en el que está asentada la cuenta de origen de los fondos) brindó información acerca de dos cuentas diferentes a las que el dinero había sido transferido, ambas pertenecientes al Banco de la Provincia de Córdoba.

Un nuevo requerimiento realizado por el equipo del Ministerio Público Fiscal conformado por Juan Pedro Puntel y las adjuntas Mariana Giammona y Georgina Amaro, permitió que inmediatamente el Juez en turno, Adrián Dvorzak dispusiera el embargo de esas cuentan a las que se había transferidos más de 170.000 que se encuentran ahora inmovilizados.

Las medidas continúan ahora con los informes en los que trabaja la Oficina de información de Telecomunicaciones de la Procuración General sobre los números de teléfonos desde el que se realizaron las llamadas y la titularidad de las cuentas bancarias de destino. Además se están realizando las diligencias necesarias para requerir la restitución de las sumas de dinero.