El Fiscal de Cámara Hernán Trejo rechazó sendas recusaciones efectuadas por el abogado de Juan Carlos Scalesi y Rubén Pereyra en la causa que se le sigue a ambos por el delito de administración fraudulenta. En dicha presentación el defensor cuestiona la labor tanto de Favio Igoldi, Juez de la causa, como del Fiscal a cargo de la investigación, Favio Corvalán.

Trejo respondió las recusaciones en principio contra el Juez, a quien el Dr. Miguel Cardella acusó de no tener “una posición de neutralidad y haber actuado con parcialidad” por haber denegado de forma “caprichosa y mal intencionada” una prueba pedida por la defensa. Al rechazarla, el Fiscal de Cámara destacó que “el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer específicamente sobre la cuestión de fondo a decidir, sin entrar en conflicto las opiniones que fije en el proceso”.

“De aceptar la postura recusatoria contra el tribunal natural por parte de la defensa no se podrían dictar actos procesales en la etapa investigación por el temor o el mero recelo del imputado de sospecha de parcialidad solo por el simple dictado de los actos referidos, en tanto los mismos son necesarios para el avance del proceso contra los imputados, por lo que el planteo recusatorio de la defensa debe ser rechazado”.

Sobre la recusación efectuada al fiscal de la causa, Favio Corvalán basada en una información recibida por correo electrónico que el funcionario utilizó en la indagatoria sin haber dado a conocer con anterioridad ese documento a los imputados, Trejo reconoce que dicha situación constituyó “una desprolijidad que no alcanza de forma alguna a considerarse como una falta al decoro que impida continuar con la pesquisa”.

“Corvalán reconoce el mail, pero son sólo conjeturas del defensor que las preguntas efectuadas por el letrado de la querella son las que el fiscal formuló a los imputados”, destaca.

“Resulta un valor entendido que la recusación tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función judicial, orientada a proteger el derecho de defensa del particular, pero dentro de un limitado marco que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. Los argumentos expuestos por el Dr. Cardella no alcanzan el merito de lo expuesto”, explica finalmente el Fiscal de Cámara.

Cabe recordar que en la causa referida se acusa a Scalesi y Pereyra (Secretario General y Tesorero de UPCN respectivamente) de haber cobrado de manera indebida más de un millón de pesos imputándolos a gastos por un fondo compensador que se encontraba disuelto y cobrando dichos cheques por ventanilla bancaria. Posteriormente los gremialistas explicaron que ese monto fue utilizado para la refacción del camping del gremio en Las Grutas.

Resuelta estas recusaciones, deberá intervenir ahora la Sala A de la Cámara en lo Criminal, sobre la cuestión de fondo que es la apelación del procesamiento de Pereyra y Scalesi.