Entres sus considerandos, el magistrado retomó los argumentos del Fiscal Jefe subrogante Guillermo González Sacco, quien a principio de año desencriminó a Aguiar por no habérsele identificado la comisión de delito.

En su resolución, el juez también declaró “extinguida la acción penal pública (…) por aplicación del criterio de oportunidad”. «Esta figura es una facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal para abstenerse de su ejercicio, y fue requerida por el abogado defensor Diego Sacchetti, amparado en que Aguiar seguía procesado en la causa a pesar de haber sido incorporado a un acuerdo entre partes, mediante el cual otros acusados fueron sobreseídos», expresó el gremialista.

Rodolfo Aguiar

“El legítimo ejercicio de un derecho constitucional no puede constituir la comisión de un delito. La regla fundamental en ello es que si la conducta humana es promovida por la ley porque constituye una garantía, en el caso, a manifestar, a peticionar ante las autoridades, a reunirse, no puede ser lo que justifique la intervención del Estado en su vocación represiva”, declaró en tanto el defensor de Aguiar, Diego Sacchetti.

Para el abogado, resulta llamativo que desde sus orígenes la causa haya tenido sólo por finalidad el encarcelamiento de dirigentes sindicales, sin importar ninguna legalidad.

“Mientras se pretendió justificar un operativo policial groseramente ineficiente, en donde se puso en la primera línea de contención a personal sin preparación específica y sin ninguna protección, armando la ficción de un vallado sólo adherido al suelo por la ley de gravedad, existió en paralelo una campaña de comunicación tendiente a demonizar a los manifestantes y a calificarlos como potenciales homicidas por las más altas autoridades de gobierno”, señaló Sacchetti.