El proyecto se fundamenta en el carácter obligatorio de los impuestos, “y que si bien no hay jerarquías para exigir su cumplimiento, los ciudadanos que ocupen cargos públicos, tienen una obligación moral y deben dar el ejemplo. Más aún, en estos momentos de crisis económica y financiera, que han implicado un gran esfuerzo de toda la ciudadanía”.

En este sentido, el bloque subraya que “es incoherente que un gobierno a través de sus funcionarios exija a sus ciudadanos cumplir con plazos y términos de pago de obligaciones y a la vez éstos no observarlos”. Asimismo, sentencian que “cuando existan deudas impositivas provinciales de funcionarios públicos, creemos que se deberá imponer un sistema administrativo compulsivo para el cobro de las mismas”

La iniciativa establece que los funcionarios afectados por esta ley serán aquellos pertenecientes al Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Río Negro, que estén dentro de la nómina de autoridades. A su vez, incluye a los miembros del Tribunal de Cuentas, al Fiscal de Investigaciones Administrativas, la Defensora del Pueblo, y todos los funcionarios de estos tres organismos.

Además, estipula que las retenciones se realizarán mensualmente de forma automática, no debiendo superar el 30% de los haberes del funcionario. Al mismo tiempo, establece la creación del “Registro de Funcionarios de la Provincia”, que incluirá a todos los contribuyentes, y dispone que los funcionarios alcanzados por esta ley, no podrán acceder a ningún tipo de moratoria del Estado.

Los parlamentarios hacen referencia a un proyecto de ley recientemente presentado en la provincia de Neuquén, denominado «Responsabilidad Impositiva», que sigue la misma línea y tiene como objetivo promover la conciencia y la responsabilidad tributaria.

Por último, el bloque invita a adherir a esta ley al Poder Judicial de la provincia y a los municipios provinciales, adecuándola a su funcionamiento.