Según la fiscalía, el hecho se produjo el pasado miércoles cuando ambos ingresaron a un establecimiento rural de San Antonio Oeste donde dieron muerte a cinco cabezas de ganado, apoderándose de dos, para huir del lugar a bordo de una camioneta.

En la localidad la investigación fue llevada adelante por la Fiscal subrogante, Mariela Coy junto a la Brigada rural de la Policía de Río Negro que detectó los animales muertos y comenzó un trabajo que incluyó una persecución que se extendió por más de 100 kilómetros, ya que uno de los hombres fue aprehendido en General Conesa. Esta situación fue trascendente a la hora de fundamentar la prisión preventiva considerando que esta actitud demuestra la intención de no mantenerse a derecho.

Como sustento probatorio, González Sacco mencionó el acta de procedimiento de la Brigada, la denuncia del damnificado y las actas de aprehensión y requisa de la camioneta secuestrada. El tercer participante de este hecho aún no pudo ser identificado.

Asimismo, el fiscal fundamentó la prisión preventiva al considerar que cuenta con el caudal probatorio suficiente para endilgarles el delito que establecerá una pena privativa de la libertad. Explicó que en este momento se realizan allanamientos, requisas y rastrillajes para dar con el tercer hombre y que la libertad de los imputados pondría en riesgo la averiguación de la verdad.

“El abigeato es un delito que el Ministerio Público Fiscal está persiguiendo fuertemente y en conjunto con otros poderes del Estado para desarticular además la comercialización de carne de manera ilegal”, destacó.

El Defensor oficial adjunto, Juan José Alvarez Costa ejerció la defensa de los imputados y si bien reconoció el caudal de evidencia y que, de encontrar culpable a los imputados, la pena sería de prisión preventiva, dijo que la Fiscalía no pudo argumentar suficientemente que su libertad traiga aparejado un entorpecimiento de la investigación en curso.

“Las pericias están realizándose por lo cual mis asistidos no podrían interferir en ellas, podría prohibirse en cambio su acercamiento al lugar y a las víctimas, pero la prisión preventiva es una decisión excepcional que debe ser debidamente justificada como indispensable e idónea para perseguir el fin que requiere el Ministerio Público Fiscal”, expresó.

Finalmente el Juez Ignacio Gandolfi admitió los cargos formulados, dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses y determinó la prisión preventiva de los imputados.

“Si bien comparto con la defensa los principios generales vinculados con la prisión preventiva entiendo que la existencia de un tercer hombre prófugo y ante hechos tales como la persecución policial que protagonizaron los hombres y el indicio posterior de querer borrar pruebas arrojando gasoil en el vehículo -informado por la Fiscalía- constituyen elementos suficientes para justificar el pedido del Fiscal”, finalizó.