La Fiscalía propuso una pena de tres años de prisión condicional para la afiliada que había presentado facturas falsificadas a nombre de una empresa de transporte por un total de $205.500, para el supuesto traslado de su hija discapacitada. El personal de la Obra Social fue quien detectó, en primera instancia, ciertas irregularidades y comenzó a analizar la validez de las mismas. A partir de allí, autoridades de la Obra Social tomaron contacto con el propietario de la empresa de transporte, quien informó que la firma a su cargo no había realizado esos servicios ni había expedido esas facturas.

Esta misma afiliada estaba imputada por agredir físicamente a la auditora médica y a empleados de la delegación de Cipolletti, hace poco más de un año.

El IPROSS cuenta con auditorías médicas y administrativas que fiscalizan las prestaciones brindadas a los afiliados, sobre todo los temas que tienen que ver con el área de discapacidad y planes especiales con cobertura integral, prestaciones clínico-sanatoriales y médicas. Esto fue lo que permitió llegar con este caso a la Justicia.