En los alegatos escuchados por el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, pidió al Consejo de la Magistratura la destitución de la magistrada al aseverar que los hechos por los que oportunamente había realizado la requisitoria a juicio “se encuentran absolutamente acreditados”.

Durante una hora y media, analizó los dos primeros hechos surgidos a partir de sendas denuncias iniciadas por personal de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia (OTIF), un organismo que es “independiente y sobre el cual ninguna Unidad Procesal (juzgado) podía tener injerencia”.

Aludió no sólo a los testimonios que quienes denunciaron ratificaron en el juicio, sino además a una pericia técnica realizada por un profesional de informática forense que corroboró la injerencia de la jueza en un sistema informático al que “no podía ingresar, no tenía la potestad de darle ordenes a esos empleados. No tenía la facultad para hacerlo”, enfatizó el titular del Ministerio Público.

En ese marco destacó que la pericia informática probó que fue la jueza quien incluso borró una providencia de la OTIF. “Eso es lo más grave, una jueza que elimina un documento repetidamente. Esto es tan grave que deberá dilucidarse en otro ámbito, porque es muy probable que se haya cometido un delito” que excede la responsabilidad administrativa que se está dirimiendo en este juicio político.

Al referirse a la denuncia de empleados y empleadas de la OTIF, Crespo destacó que “las constantes injerencias y correcciones” de la jueza en el sistema no hacían más que atrasar los procesos jurídicos. Reconstruyó a través de los testimonios que se escucharon en el juicio un clima de “hostigamiento, intromisión y maltrato” ejercido con un “alto grado de sutileza”. Ello consta en un informe de la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial, que da cuenta del “acoso psicológico y discriminatorio”.

Finalmente se refirió al tercer hecho, surgido a partir de la denuncia de empleados y empleadas de la Unidad Procesal a cargo de la jueza, instada por Sitrajur, reiterando hechos de maltrato sutil que fueron mencionados por testigos citados. “No había insultos ni agresiones directas, no obstante se trabajaba en un clima de nerviosismo, temor y miedo naturalizado”, indicó. Hay un informe técnico realizado por el área de Salud Laboral que prueba ésto.

“Tan malo era el ambiente de trabajo que la propia jueza contrató una coach ontológica que declaró en el juicio y dijo que no pudo ‘arreglar nada’”, mencionó.

El Procurador General de Río Negro concluyó en que “esta jueza ha perdido las condiciones necesarias para estar al frente de una Unidad Procesal, por lo que solicito su destitución”, detallando seguidamente un extenso listado de instrumentos jurídicos que sostienen tal petición.

“BUSCABA CORREGIR ERRORES”

A su turno el abogado defensor de la acusada, Justo Epifanio, realizó su alegato marcando un claro corte temporal en el período en el que la acusación fija los hechos (abril y diciembre de 2021). Ubica ese corte en octubre, cuando se elabora el Reglamento de la OTIF. Habló en ese sentido de un “inicio complicado en esos primeros meses de confusión”.

Mencionó a una docena de operadores de justicia que fueron llevados como testigos propios al debate que dieron cuenta del “buen trato y la amplia exigencia” de la magistrada, dijo que había que analizar cada hecho en el contexto en el que se produjo y reiteró que “no se le puede reprochar a la jueza una conducta antiética”. “Buscaba corregir errores, que las cosas salgan bien”, valoró.

Finalmente pidió la absolución y agregó que “si el Consejo de la Magistratura llega a encontrar que alguno de los antecedentes pudiera ser reprochable, la sanción sea proporcional a la falta”, detallando precedente de otros enjuiciamientos que finalizaron con sanciones de suspensión y no de destitución. Antes de culminar la instancia de alegatos la jueza usó el derecho a la última palabra.

La sentencia se conocerá el 7 de junio a las 12 horas y la audiencia se realizará, también, a través de la plataforma Zoom.

El tribunal del juicio político está integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Sergio Ceci; los legisladores Marcelo Szczygol y Juan Murillo Ongaro; la legisladora Marcela Gonzalez Abdala; las consejeras abogadas Marina Luna y Daiana Reynoso; el consejero abogado Federico Diorio y el juez por el fuero Laboral Victorio Gerometta.