El delito imputado es el de “lesiones gravísimas culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El Juez Juan Martín Brussino dio por formulado los cargos y dispuso un tiempo de investigación de cuatro meses.

Según la acusación, Galaburri, le efectuó una cirugía de cadera derecha a una niña, en la que le colocó un tornillo que no fue de los que proporcionaba la empresa que se ocupaba de la provisión de este tipo de instrumental. Tal situación se comprobó porque el médico devolvió el kit completo previsto para tal intervención, por lo cual se desconoce la procedencia del tornillo utilizado.

La salud de la niña empeoró una vez que abandonó el nosocomio y tuvo que volver a ser operada. Cuando esa nueva instancia se desarrolló, en septiembre del mismo año, fue otro profesional quien intervino en una intervención que se extendió durante tres horas sin lograr retirar el tornillo porque ninguno de los instrumentos previstos para tal fin eran compatibles. Tal situación no se encontraba debidamente registrada en la historia clínica.

Así, en función del incorrecto accionar del traumatólogo que no usó el material que constaba en el hospital, la niña estuvo dos años con el tornillo en su organismo. El hecho le provocó a la niña lesiones de carácter grave ya que a fines del año siguiente tuvieron que realizarle un reemplazo total de cadera.

El sustento probatorio es extenso, entre él se cuenta con la denuncia del padre de la niña, la declaración del médico que realizó la segunda operación a la que fue convocado por el traumatólogo imputado, el resultados de pericias médicas, facturas de la empresa proveedora del material, entrevistas a los médicos que realizaron las últimas intervenciones en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires.

Los padres de la niña estuvieron representados en la audiencia a través de su abogado querellante, Damián Torres, quien acompañó la formulación de cargos de la fiscal, Maricel Viotti, . La defensa del médico fue ejercida por Manuel Maza