El juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos dispuso prohibir el ingreso de nuevos detenidos al Establecimiento de Ejecución Penal 2 de Roca, al hacer lugar parcialmente al habeas corpus que presentó días atrás el Defensor de Ejecución Eduardo Luis Carrera por los problemas en la instalación eléctrica, las filtraciones y el mal funcionamiento del sistema de calefacción de la unidad.

La medida tendrá vigencia al menos hasta el próximo lunes, cuando se realice una audiencia oral y pública tras la cual se dictará una sentencia definitiva al respecto.

Para dictar la medida, Chirinos valoró los informes y declaraciones ya brindados por el arquitecto Luis Zanco, a cargo del área de Infraestructura del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia; los informes preliminares de los dos peritos ingenieros que inspeccionaron el inmueble y las observaciones que plasmó el Defensor de Ejecución luego de recorrer dos veces la unidad en los últimos días.

El juez concluyó que a la fecha «el penal no es un lugar apto para el alojamiento de personas» y que además «el riesgo se extiende al personal penitenciario y policial, como así también a docentes, personal administrativo y visitas en general, no pudiéndose garantizar la no electrificación de los mencionados», conforme la declaración testimonial que brindó en el proceso el propio Director de la unidad penal, comisario Cristian Villagra, y que fue avalada por las certificaciones de los peritos.

La parte resolutiva de la sentencia indica: «Hacer lugar parcialmente a la acción de habeas corpus (…) y en consecuencia disponer la prohibición de ingreso de nuevos detenidos» al Penal 2, aclarando que la medida será «revisada de oficio y con traslado a las partes en audiencia pública».

Dicha audiencia fue convocada para el próximo lunes a las 13, con citación de todas las partes interesadas del Ministerio Público, Fiscalía de Estado, Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario Provincial.

Por otra parte, dispone «convalidar la solución parcial propuesta (por la Secretaría de Justicia) respecto de las filtraciones actuales» mediante la colocación de membrana en los techos donde se registran las filtraciones más graves y, finalmente, ordena al Servicio Penitenciario y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, en forma conjunta, a elaborar un plan de obra «que permita la solución definitiva de los problemas relevados en un plazo de 40 días hábiles».

El resto de las situaciones planteadas en el habeas corpus serán resueltas en función de la prueba que se produzca y las propuestas que se formulen en la audiencia del próximo lunes.