El proceso que se había programado para esta semana tuvo como protagonista a Irene Méndez, la mujer que mató de un disparo al vecino Eduardo Honores. En un primer momento, la fiscalía sostuvo la hipótesis de un crimen con el fin del robo y, por ese motivo, la acusada fue declarada culpable y se le impuso el castigo de prisión perpetua. Sin embargo, desde la defensa se puso en duda no solo la autoría sino también los motivos y el Tribunal de Impugnación provincial coincidió en el segundo de los puntos, ordenando la imposición de una pena pero por el delito de homicidio simple.

Apenas se conocieron las nuevas disposiciones del STJ, la Cuarta Circunscripción empezó a trabajar para avanzar con las causas que tienen personas detenidas. En este marco, se resolvió cerrar el juicio en contra de Méndez, donde solo había que definir la pena. El martes, con un tribunal integrado por jueces de esta ciudad, Roca y Viedma, se hizo la apertura y se escuchó a varios testigos aportados por la defensa oficial a cargo de Juan Pablo Piombo. Una de las personas que declaró en forma remota fue la hija de la condenada.

Tras la etapa de los testigos, llegó el turno de la exposición de los alegatos por parte de la fiscalía a cargo de Gustavo Herrera, la querella y la defensa. En el caso de los acusadores, se ajustaron a la nueva calificación de homicidio simple y reclamaron 25 años de cárcel efectiva mientras que el representante legal de Méndez pidió el mínimo legal previsto de 8 años de prisión.

De esta forma, quedó cerrado el primer juicio bajo los nuevos parámetros que exigen los protocolos por la pandemia del coronavirus.

Debido al feriado, la lectura de la sentencia se llevará a cabo recién a finales de la semana que viene y Méndez será notificada en su lugar de encierro, es decir, la cárcel de mujeres de General Roca.

Un juicio cien por ciento virtual
Era una gran incógnita cómo iba a funcionar el desarrollo del juicio cien por ciento virtual, y la Oficina Judicial de Cipolletti trabajó hasta el fin de semana para que no surgieran problemas el martes y ayer durante las dos audiencias programadas. Con base en los tribunales de Urquiza y España y oficinas del Ministerio Público, donde se encontraban la jueza Agustina Bagniole, el fiscal Gustavo Herrera y el defensor Juan Pablo Piombo, se tuvieron que hacer conexiones con Irene Méndez, quien siguió las alternativas de la audiencia desde la cárcel; la querella desde su oficina junto a la familia de la víctima; y los jueces de otras circunscripciones que integraron el tribunal, como fueron los casos de Julio Martínez Vivot, de Roca, y Guillermo Bustamante, de Viedma.

Fueron dos días seguidos, que incluyeron el paso de los testigos y las exposiciones de los alegatos. Más allá del temor por posibles inconvenientes técnicos, el proceso se completó sin sobresaltos y los magistrados mostraron su conformidad.

Fuente: La Mañana de Cipolletti