Cides ingresó un proyecto de comunicación dirigido a los Ejecutivos nacional y provincial.

Allí plantea en su artículo primero «la necesidad de extender hasta el 31 de marzo de 2021, el plazo de vigencia del Decreto (DNU) N° 320/2020»; y en el segundo «la necesidad de iniciar las acciones correspondientes tendientes a la implementación de la Ley 27.551 ‘Nueva Ley de Alquileres’ en la provincia de Río Negro».

Cides recordó que en el año 1920 el presidente Hipólito Yrigoyen envió al Congreso de la Nación la primera iniciativa parlamentaria conocida como primera Ley de alquileres en la historia del país. Y que en el año 1945 tuvo lugar la única experiencia en la que desde una política gubernamental se incidió en el congelamiento de los precios de los alquileres, en la prohibición de desalojar sin razones justas y donde se previeron sanciones para quienes mantenían viviendas deshabitadas.

Pero la dictadura más feroz de la historia nacional, que tuvo lugar entre 1976 y 1983, ignoró y dejó sin efecto todas las normas y legislaciones anteriores que regulaban precios y contratos porque detrás de las normas, existía la mirada que la vivienda era un derecho constitucional. Desde ese entonces, personas y familias que alquilaban quedaron expuestas a la incertidumbre que provoca la búsqueda de un nuevo alquiler, quedando libradas al desalojo fácil, sometiéndose a nuevas condiciones de locación y, sobre todo, del precio.

Ello provocó que se pase de destinar el 4% del ingreso familiar al pago del alquiler, al 51%.

«En nuestra provincia, la Ley Provincial 2051 fue Sancionada en el año 1985. Dicha norma crea el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia y regula su actividad. En su artículo 26° g) señala claramente que la ‘Comisión’, ‘Honorarios’ del sector, deben ser abonados por las personas propietarias. Una de las pocas provincias que ha regulado en este sentido. Pero aún queda mucho por hacer», indicó el legislador.

Según los informes por zona realizados desde Inquilinos Agrupados, en Río Negro “de 140 mil inquilinos, el 46,7% no pudo pagar el alquiler, lo que habla de un endeudamiento estructural importante y que no parece resolverse durante 2020, ya que este año no habrá temporada turística y las exportaciones no se reactivarán porque la economía mundial está deprimida».

«A tan solo un mes y medio de cumplirse el plazo previsto por el Decreto N° 320/2020, que haría inminente los desalojos, una marea de juicios por embargos a garantes, y aumentaría la presión por parte del sector propietario para el cobro de los aumentos adeudados, se torna necesario extender por lo menos hasta el mes de marzo de 2021 dicha medida, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos y la necesidad de continuar resguardando la situación habitacional de las personas y familias que alquilan».

«También, se torna indispensable que sea paulatina la forma de aplicación de la llamada Ley Nacional de Alquileres, en donde los salarios están fuertemente comprometidos, y siguen quedando expuestos a los precios de la renovación de contratos en el marco de la economía de Pandemia», concluyó Cides.