El organismo nacional observó las sumas no remunerativas, “en negro”, que se liquidan por recibo de sueldo a los docentes en Río Negro y que no aportan al sistema previsional provocando su desfinanciamiento.

De acuerdo a un análisis efectuado por el Frente de Todos, en la serie histórica 2011– 2021, la porción remunerativa del salario docente provincial apenas supera el 20% en la actualidad.

Lógicamente el pronunciado incremento de los montos salariales “en negro”, que no aportan al sistema previsional, tendría un alto costo para los jubilados si sus haberes se liquidaran solo en base a las sumas remunerativas.

De este modo el Gobierno nacional ha venido haciéndose cargo de los aportes que el Gobierno de Río Negro no realiza.

En tal sentido, el pedido de informes presentado el viernes por el bloque, apunta a conocer entre otros puntos, “el número total de trabajadores docentes, de todos los niveles y modalidades, dependientes de la provincia de Río Negro”, y pide además que se “detalle la masa salarial anual, con cargas sociales y porcentaje del presupuesto destinado a la misma, correspondiente a los últimos 4 años”.

Por su parte el Gobierno de la provincia justificó el incremento de las liquidaciones “en negro”, en la “falta de liquidez” (es decir, falta de dinero para cubrir sus gastos corrientes), y culpó a la inflación como factor que impulsó los aumentos de sueldos.

Algo que presume el reconocimiento de la maniobra destinada a “evitar” las obligaciones del Estado como empleador, perjudicando, además del sistema previsional, a quienes llegan al término de su vida laboral y hoy dependen de que el Gobierno rionegrino -en serias dificultades financieras– se ponga al día con la deuda para poder acceder a sus derechos previsionales.

No obstante el razonamiento, la economía debe interpretarse como un todo multicausal, y precisamente allí se detecta la coincidencia entre “la falta de liquidez”, el proceso acentuado de endeudamiento provincial y el incremento de las liquidaciones “en negro” en la administración pública, de acuerdo al análisis realizado por los legisladores del Frente de Todos.

Otro de los puntos del pedido de informes solicita que el Ejecutivo remita “copia de las distintas normativas que establecieron bonificaciones y pagos de sumas no remunerativas en los haberes de las y los docentes rionegrinos, desde el 10 de diciembre de 2011 a la fecha”.

Los legisladores quieren conocer también en detalle “el porcentaje de sumas no remunerativas que componen el salario de las y los docentes estatales”, y piden al Gobierno provincial que explique qué medidas tomará para regularizarlas, además de las “gestiones efectuadas ante la ANSES, para solucionar y/o restablecer el sistema de liquidaciones de los tramites jubilatorios docentes que se encuentran suspendidos”.

Días atrás, con la firma del legislador Marcelo Mango, el bloque del FdT ya había presentado un proyecto de Comunicación, dirigido al ministerio de Educación de la provincia, en el que planteó “la urgente intervención a fin de resolver con la ANSES la situación de los y las docentes rionegrinos/as que permita regularizar los salarios”.

Mango, quien acompañó la presentación con un análisis técnico que demuestra lo ocurrido con las liquidaciones docentes durante la última década, describió como “gradualmente, de manera sistemática e ininterrumpida, con una seria caída en los últimos años, los valores sujetos a aportes previsionales, gremiales, de la obra social han ido en retroceso respecto de los haberes no remunerativos, con los graves perjuicios que esto acarrea para todos los organismos que dependen de los aportes de los trabajadores que se acogen a los beneficios previsionales”.

Para el legislador José Luis Berros, la situación que afecta a unos 300 docentes que iniciaron sus trámites jubilatorios, “es producto del desmanejo grosero de las finanzas provinciales durante la última década”.

“Río Negro”, sostuvo el legislador, “llegó a un estado de quebranto tal, que no puede cumplir con sus obligaciones corrientes sin asistencia nacional. El pago de salarios en negro”, apuntó, “es un ejemplo lamentable de la gestión de Juntos Somos Río Negro, viola la normativa vigente y daña el sistema previsional”.