El procedimiento se realizó el 14 de julio pasado, poco después de las 22 horas, cuando ambos hombres “sin orden escrita y fundada por autoridad judicial competente y por fuera de las formalidades previstas por la ley, procedieron a introducirse en la habitación del inmueble en el cual residía Lucas Muñoz”.

En el lugar, destaca el Fiscal, manipularon documentación, los efectos personales de Muñoz y el contenido de su computadora revisando el historial de internet, los archivos y llegando incluso a tomar fotografías de la misma y de papeles varios. Consta en la presentación además, que dichas fotografía fueron enviadas a David Paz, en ese momento superior jerárquico de ambos en el Cuerpo de Seguridad Vial quien, a su vez, las remitió a Manuel Poblete, para esa fecha Segundo Jefe de la Regional tercera.

La causa se inició a raíz de una denuncia efectuada ante el Ministerio Público Fiscal por la propietaria de la vivienda quien constató la presencia de ambos y brindó detalles de su proceder. En la misma se incluyen numerosas declaraciones testimoniales, entre otras las de la novia del policía asesinado quien confirmó todos los movimientos.

Los testimonios coinciden en que Morales justificó su accionar por el vínculo de amistad que tenía con Lucas Muñoz, agregando que estaban colaborando para encontrarlo.

La investigación, en la que trabajó el equipo de la Fiscalía de Delitos contra las personas, incluye diversas medidas que sustentan la imputación de los dos hombres, entre ellas allanamientos diversos realizados por la Gendarmería Nacional, pericias a teléfonos celulares y las declaraciones de ambos imputados quienes “reconocieron en presencia de sus abogados, haber realizado las conductas imputadas, defendiéndose al asegurar que actuaron de buena fe y con una presunta autorización o consentimiento de la novia de Muñoz y la propietaria del lugar”. Ambas mujeres, no obstante, negaron haber prestado su consentimiento para la realización de esa medida.

Finaliza Govetto afirmando que “no hay motivo para justificar este allanamiento y registro que debe ser considerado ilegal, aún más teniendo en cuenta que fue practicado en horario nocturno, el que resulta excepcional y sólo puede realizarse en presencia del juez o funcionario judicial delegado por aquel, como lo establece el artículo 21 de la Constitución Provincial”.