Odarda advirtió que el contrato incumple la legislación vigente al no garantizar un proceso transparente, al tratarse de una prórroga y no una renegociación. “Una prórroga no exige audiencias públicas ni inspecciones previas, ni permite a la Legislatura modificar el contrato. No estamos aquí para ratificar, sino para decidir”, afirmó. Además, denunció que no se convocó a los intendentes, comunidades originarias ni organizaciones sociales, y que no se activó la comisión fiscalizadora creada por ley para controlar estas concesiones.

En cuanto a los pasivos ambientales, recordó el grave derrame ocurrido en 2021 en el área Agua Salada, cuya remediación fue mínima y sin sanciones. “El contrato establece un monto irrisorio de apenas USD 6.500 para remediar el daño ambiental. ¿Cómo puede considerarse suficiente?”, cuestionó. También exigió el cumplimiento del seguro ambiental obligatorio y de la Ley de Consulta Previa e Informada, que fue omitida a pesar de que la comunidad mapuche habita la zona desde hace más de un siglo y hoy enfrenta un posible desalojo.

Por último, Odarda denunció el poder de influencia del Grupo Techint –controlador de Tecpetrol– y recordó que informes internacionales lo señalan como uno de los principales contaminadores del planeta. “No se puede hablar de reducción de huella de carbono si no se cumplen ni las normas básicas de protección ambiental ni los derechos de las comunidades”, concluyó.