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Ordenaron judicialmente reemplazar una camioneta 0 km por defectos de fabricación

La Justicia ordenó a una concesionaria de automóviles y a una firma fabricante que entreguen una camioneta 0 km y que indemnicen por daño material y moral a un hombre de General Roca, en el marco de una demanda civil por daños y perjuicios enmarcada en la ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 ,

La Justicia ordenó a una concesionaria de automóviles y a una firma fabricante que entreguen una camioneta 0 km y que indemnicen por daño material y moral a un hombre de General Roca, en el marco de una demanda civil por daños y perjuicios enmarcada en la ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 , modificada por Ley 26.361).

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El fallo de la titular del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de la Segunda Circunscripción, Andrea de la Iglesia, fue dictado el 4 de marzo en el expediente caratulado “L.A. C/Nippon Car SRL y otra (Toyota Argentina SA) s/Ordinario”.

Surge de la sentencia que el demandante, un mecánico de acreditada experiencia, compró en octubre de 2009 en una concesionaria oficial de Roca una camioneta 0 km Toyota Hilux SRV por la que pagó 130.000 pesos enefectivo.

De la evidencia colectada surge que “a los pocos días” comenzó a advertir “ruidos extraños”. Los problemas no fueron solucionados en el primer service gratuito de los 1.000 kilómetros y el demandante sostuvo que desde la agencia le recomendaron seguir utilizando la camioneta porque “el ruido desaparecería”. Sin embargo “el ruido no sólo aumentaba, sino que al encontrarse en ruta y aumentar la velocidad del rodado se hacía insoportable, generando sensación de inseguridad”, describió el mecánico. Pese a las sucesivas intervenciones de los talleres oficiales, los problemas mecánicos persistieron y el hombre comenzó a reclamar el cambio de vehículo “por cuanto poseía un problema de fábrica”, ante lo cual recibió la explicación final de que se trataba de “ruidos normales”.

Los reclamos del cliente continuaron telefónicamente y por correo electrónico ante Toyota Argentina hasta que el hombre llevó su caso ante el Organismo de Defensa del Consumidor, donde se inició el expediente 003203-DCI-10.
En su demanda judicial el afectado enumeró los incumplimientos, mientras que en la contestación el representante de la SRL demandada detalló las reparaciones y cambios de piezas realizados sin cargo y opinó que “los mayores ruidos que dice el actor escuchaba fueron ocasionados o bien por su imaginación, o bien por su deficiente conducción”. Y sostuvo que, de confirmarse el defecto en la unidad, “tal cuestión resultaría ajena al vendedor, debiendo responder el fabricante”. En tanto que desde la firma Toyota Argentina interpusieron como defensa la falta de legitimación y derivaron la responsabilidad a la concesionaria local y la culpa al propio comprador.

Al momento de resolver, la jueza valoró las directrices que surgen del nuevo Código Civil y Comercial (vigente desde el 1 de agosto de 2015), así como la ley de Defensa del Consumidor, el art. 42 de la Constitución Nacional, el art. 30 de la Constitución Provincial, los principios protectorio y de acceso al consumo sustentable, de progresividad y de protección de la confianza, entre otros.

El ingeniero mecánico que intervino como perito oficial confirmó algunos sonidos leves y “un ruido áspero, similar al roce entre metales” en determinadas circunstancias, aunque inferiores al “máximo nivel sonoro continuo aceptable” de 85 DbA. Dijo que “no ha sido posible identificar el origen de los ruidos” y ratificó que el sonido “no es normal”.

El actor ha logrado acreditar con creces que los ruidos en cuestión y observados en su vehículo responden a un vicio de fabricación” que en definitiva coloca “al actor en una situación de riesgo injustificada para su seguridad y la de terceros”, concluyó la jueza De la Iglesia.

Al fundamentar su sentencia, destacó que el art. 40 de la Ley 24.240 establece que “si el daño resulta del vicio o riesgo de la cosa, resultan responsables el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio; la responsabilidad es solidaria y sólo podrá liberarse total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”. Entendió así que el contrato de concesión que vincula a Toyota y Nippon no puede eximir a la primera ante el reclamo del consumidor.

“La finalidad de la Ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor, tornando operativo el principio de buena fe que debe reflejarse indispensablemente en la eficiencia y seguridad del servicio o actividad que prestan las demandadas y para lograr de modo acabado la obtención del resultado buscado, ello exige por ende un comportamiento que refleje y proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte”, destacó la jueza.

Finalmente la magistrada dispuso que en el plazo de 10 días desde la notificación de la sentencia las demandadas deberán cumplir “la sustitución del vehículo adquirido por el actor por otro de idénticas características” y ordenó a las dos firmas “arbitrar todos los medios a su alcance y en forma coordinada con el actor” para el traslado del vehículo dañado y los trámites de transferencia e inscripción del nuevo vehículo.

Las empresas demandadas apelaron la sentencia y el caso será ahora analizado por la Cámara Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción.