Lo manifestó el gremio ATE luego de las medidas de fuerza iniciadas en las delegaciones de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno decidió depositar a los empleados de la cartera que conduce Miguel Contín, las diferencias salariales adeudadas correspondientes al mes de mayo.

En virtud de la rápida respuesta del Ejecutivo Provincial, la entidad sindical decidió levantar la retención de servicios que llevaba adelante en todas las oficinas y normalizar la atención al público, como así también retomar las tareas administrativas y los trabajos de inspección.

«Hemos decidido levantar la retención de servicios que estábamos llevando adelante, teniendo en cuenta que el Gobierno respondió rápidamente y canceló la deuda salarial con los trabajadores», informó el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar y agregó: «Todavía se adeuda una diferencia salarial de diciembre y esperamos que se cancele cuanto antes para evitar nuevas medidas».

Por otro lado, ATE continúa demandando que Contín y sus funcionarios dejen de incumplir con la Ley 4464/09 que instrumentó el denominado Adicional por Productividad, ya que es la propia norma la que estipula que el 60% de los fondos mensuales recaudados deben ser distribuidos de manera exclusiva entre todos los trabajadores, excluyendo a los funcionarios políticos.

A pesar de esta prohibición, el Secretario de Trabajo ha insistido con su violación legal y continúa repartiendo los recursos que ingresan a la cartera bajo distintas contribuciones o multas, entre sus allegados en la gestión, quienes perciben entre $8.000 y $10.000 mensuales bajo ese concepto de incentivo, mientras que los trabajadores sólo $3.000 en promedio.

«Nos preocupa que Contín siga violando las leyes de manera sistemática y cometa graves irregularidades en el reparto de fondos que son públicos. No puede ser que los funcionarios sigan cobrando hasta 10.000 pesos mensuales cuando no debieran», destacó Aguiar.

Por último, el gremio reitera su demanda para que se abone la deuda del mes de diciembre pasado que, según los compromisos oficiales, debería cancelarse en los próximos días. A partir de la próxima semana se convocarán nuevas asambleas y se evaluará retomar las protestas si las autoridades laborales provinciales siguen incumpliendo sus obligaciones.