Foto Gentileza:
Jueza Georgina Amaro

El planteo de la joven fue un ejemplo de responsabilidad y conciencia de cuidado de sí misma y del propio hombre que ni siquiera tuvo en cuenta la posibilidad de contagio de una enfermedad de trasmisión sexual.

El hecho ocurrió pasadas las 20 de ayer -jueves 22 de este mes- aquí en Viedma.
En la audiencia de formulación de cargos de este viernes por la tarde, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen le imputó a Martín Goicochea “haber accedido carnalmente a la mujer sin protección contra el consentimiento de ella, quien expresamente había consentido sólo penetración con preservativo”. Agregó que minutos después, el imputado sustrajo -sin ejercer fuerza- el celular de la joven no logrando su cometido ante el arribo de personal policial, en momentos en que intentaba retirarse del lugar en su vehículo”.

La fiscal encuadró los hechos en los delitos de “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con hurto en grado de tentativa”.
Martín Goicochea de 39 años fue detenido y recuperó la libertad esta tarde luego de la audiencia de formulación de cargos, bajo la prohibición de acercamiento y contacto a la víctima por cualquier medio durante los cuatro meses de investigación.

Respecto del sustento con el que se cuenta hasta el momento, Rodríguez Frandsen enumeró la denuncia penal en la comisaria de la Familia, así como el acta de procedimiento de personal de la Primera al detener al imputado, certificaciones médicas y el relato de la víctima.

En este aspecto detalló que la joven de 25 años explicó que se contactó telefónicamente con Goicochea acordando las pautas, entre ellas, que cualquier contacto debía realizarse con protección y que “así se había iniciado pero luego, sin el consentimiento de ella, el señor se sacó el preservativo y sin él continuó la penetración. A raíz de esto la mujer llamó a la Policía”.

En tanto, la Defensora Oficial, Graciela Carriqueo no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo de cuatro meses de investigación.
La fiscal estuvo acompañada por el adjunto Gonzalo Sanz.

LIBERTAD DE PRENSA

La presencia de la prensa en la audiencia generó el planteo del imputado a través de su defensa para que no se publicara su imagen ni su identidad por protección de su familia y la repercusión que este hecho pudiera generar en las redes sociales.

La fiscal se opuso a la solicitud “en el entendimiento que las audiencias son públicas como establece el Código y no corresponde una restricción a la libertad de trabajo de los periodistas, salvo casos puntuales como la existencia de víctimas o autores menores de edad o en aquellos en los que la publicación de la imagen del autor pueda entorpecer una futura rueda de reconocimiento o medida de prueba. Ninguna de estas circunstancias se da en este caso y entonces debe primar el principio general que es la publicidad absoluta de las audiencias penales como un medio de garantizar a la población el conocimiento del trabajo de la Justicia”.

La jueza Georgina Amaro tuvo por fundado los cargos, autorizó el plazo de cuatro meses para la investigación, así como las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto. Además coincidió con la fiscal en torno a la libertad de prensa y la publicidad de este tipo de audiencias judiciales.