La casa le pertenece al hombre excluido, pero la resolución del Juzgado de Paz de Roca consideró las circunstancias que rodean el caso. Desde que llegó a la ciudad la mujer no pudo generar lazos sociales de ningún tipo con el agravante de que la pareja le negó la posibilidad de buscar trabajo. “Eso le hubiese permitido gozar de independencia económica para poder alquilar otra vivienda y retirarse de la actual”, se afirma en el texto que ordenó las medidas de protección.

En la casa viven, además de la mujer, su hija embarazada de tres meses, la pareja de ella y un niño. “Las demás personas son víctimas indirectas de los actos de violencia”, se consideró.

Las medidas se adoptaron utilizando todos los mecanismos incorporados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para garantizar el servicio en el contexto de la pandemia. La realización de audiencias virtuales, notificación por mensajería electrónica, habilitación de teléfonos de urgencia y el uso de la plataforma MEED (Mesa de Entradas de Escritos Digitales) fueron algunas de las soluciones que permitieron la continuidad de más de 27 mil procesos judiciales y el inicio de nuevas causas.

Sobre esos fundamentos, se dictó la exclusión del hogar del hombre y una serie de medidas de protección para la víctima. Una prohibición de acercamiento hacia la mujer de 200 metros y la advertencia de no realizar actos de hostigamiento, reclamos personales de cualquier índole, agravios, entre otros. Ello bajo la posibilidad, en caso de incumplimiento, de dictar nuevas medidas como arresto, multa económica o trabajo comunitario.

El caso fue derivado a uno de los Juzgado de Familia de Roca para que las partes puedan ejercer sus derechos con asistencia letrada de un abogado o abogada particular o de la Defensa Pública.