En la medida que se encuentre presente en un procedimiento desalojo los organismos de protección de derechos correspondientes, no es función del Defensor asistir al mismo. Es, en cambio, obligación de éste velar por los intereses de los niños, niñas y adolescentes durante el proceso judicial, actuando de manera complementaria a su representación legal.

Desde el ministerio Público Fiscal se aclaró que «en este caso, la Defensora oficial requirió oportunamente al Juez interviniente y así fue ordenado, la debida intervención del Municipio de Viedma y del organismo proteccional para garantizar la asistencia y acompañamiento de los niños implicados indirectamente en el conflicto.

Es importante aclarar en este sentido que, según Artículo 103 del Código Civil, la actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.

En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.

En suma, la actuación complementaria de este Ministerio Público de la Defensa ha sido garantizada durante el proceso judicial. No obstante, ante la existencia de una orden de desalojo debidamente notificada, quienes ejercen la representación legal de los niños y velan por sus intereses, son su padre o madre, salvo que existan intereses contrapuestos entre ellos, en tal caso sí será necesaria la asistencia del Defensor público.