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Legisladores proponen modificar la Ley que regula el proceso de designación del Defensor del Pueblo

El bloque Vamos con Todos propuso modificar la Ley K Nº 2756 que regula el proceso de designación del Defensor del Pueblo. Se busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la selección de esta función fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos.

El proyecto de ley, presentado por los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, introduce una serie de cambios significativos en el procedimiento, en línea con los principios establecidos en la Constitución Provincial de 1988. La modificación del Artículo 2º de la Ley K Nº 2756 garantizará un proceso más inclusivo y transparente.

De acuerdo con la nueva normativa, los nombres y antecedentes curriculares de los candidatos al cargo de Defensor del Pueblo deberán ser publicados en el Boletín Oficial y en al menos un diario de circulación provincial durante dos días consecutivos. Esta medida tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre los postulantes.

Además, se establecerá un mecanismo de participación ciudadana que permitirá a los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, así como entidades académicas y de Derechos Humanos, presentar observaciones y comentarios sobre los candidatos durante quince días a partir de la última publicación, y las presentaciones deberán ser realizadas por escrito y de manera documentada, incluyendo una declaración jurada sobre la objetividad del remitente.

La Legislatura evaluará las observaciones recibidas y considerará su pertinencia en el proceso de selección. “Esta modificación no solo se alinea con los principios constitucionales y legales vigentes, sino que también responde a las demandas sociales de mayor participación y control ciudadano sobre los actos de gobierno. La experiencia y buenas prácticas internacionales indican que estos procesos abiertos y participativos contribuyen a una mayor legitimidad y eficacia en el desempeño de los organismos de control”, sostuvo Berros, impulsor de la norma.







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