El Centro de Estudios Patagonia realizó un análisis en donde se puede considerar las subas tarifarias desde la propia lógica del oficialismo. Como se dijo, uno de los objetivos, compartido incluso por una parte de la actual oposición, fue corregir valores tarifarios que habían quedado por detrás de la inflación y, especialmente, reducir el déficit presupuestario. En otras palabras, que los consumidores paguen lo que antes aportaba el Estado, explicaron.

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La acción no estaba exenta de riesgos. La consultara FIEL, que cuenta entre sus filas con reconocidos especialistas en materia tarifaría, realizó en 2015 un trabajo (1) sobre el impacto de la quita de subsidios en el que advirtió sobre dos problemas centrales que hoy son un hecho: Primero: el fuerte impacto inflacionario de la suba de tarifas y, segundo, el impacto fiscal negativo que resultaría de combinar el ajuste de tarifas con una fuerte devaluación de la moneda.

El primer problema es el más evidente. Si aumentan las tarifas, aumentan los costos y los precios. El segundo necesita algo más de detalle. Los combustibles son también insumos de la generación eléctrica. Como una parte de estos combustibles son importados, la devaluación impacta también en los costos de la generación disparando una nueva ronda de aumentos y, lo que es peor, licuando los efectos presupuestarios positivos de las subas eléctricas, lo que lleva a prever la continuidad de los ajustes de las tarifas de electricidad.

La suma de estos dos problemas, advertía FIEL ya en abril de 2015, podía tener consecuencias contrarias a las buscadas: La devaluación y la fuerte inflación podían provocar una contracción de la economía agravando la situación fiscal que se buscaba solucionar y obligando a nuevas rondas de ajustes del gasto. La recomendación de política caía por su propio peso: manejar con muchísimo cuidado la corrección de precios relativos muy sensibles para el
funcionamiento de los agregados económicos.

La cita del documento de FIEL no es neutral. Se trata de una consultora ultra neoliberal en cuyas filas no existen simpatizantes de los subsidios. Por eso la cita sirve para poner en primer plano la cuestión estrictamente técnica sobre problemas graves que ya suceden y que fueron advertidos por economistas que no están precisamente en la vereda de enfrente de la actual administración.

Las advertencias, sin embargo, no fueron escuchadas. Muy por el contrario el oficialismo optó por correcciones violentas sin tener en cuenta los efectos interrelacionados de sus decisiones. La devaluación de la moneda del 40 por ciento con la excusa de salir del esquema de las restricciones cambiarias y mejorar la competitividad de la economía, fue seguida casi inmediatamente por las correcciones tarifarias hasta puntos que superaron todas las previsiones anteriores al cambio de gobierno.

Los números muestran que a partir del cambio de los precios mayoristas de la electricidad y la mejora en la retribución a la distribución, las tarifas eléctricas se incrementaron violentamente en regiones como el AMBA, con incrementos entre 270 y 465 por ciento en el caso de comercios e industrias, pero algo menos en el resto de las provincias, donde con las tarifas previas al ajuste eran mayores.

En Río Negro las subas fueron de entre 160 y 180 por ciento. Los sectores productivos elevaron algunas quejas, pero el verdadero problema llegaría con las facturas de gas. El último día de marzo el Ministerio de Energía y Minería, conducido bajo la nueva administración por un hombre del riñón privado sectorial, el ex CEO de la importadora y refinadora Shell, Juan José Aranguren, dispuso el aumento de los precios del gas en boca de pozo y la paralela modificación de los marcos tarifarios de las distribuidoras.

El promedio de incremento de la factura de gas natural en el segmento residencial fue del 200 por ciento para la mayoría de las regiones del país, pero en la Patagonia, donde también se eliminó el subsidio zonal, el nuevo promedio fue inicialmente del 540 por ciento. La peor parte la llevaron los comercios e industrias. Mientras el impacto promedio fue del 700 por ciento para el conjunto del país, pero la Patagonia alcanzó al 1250. Los patagónicos no necesitan que les expliquen cual es el peso de la demanda de gas en sus vidas cotidianas. Sin embargo, algunos pocos números en los que vale la pena detenerse ayudan a comprender el peso de la región en el total del país y permiten vislumbrar la lógica gubernamental en el proceso de toma de decisiones, así como el margen de negociación con que cuentan los gobernadores.

Fuente e informe completo: http://www.cepatagonia.com.ar/