Frente a esta circunstancia, por iniciativa del legislador Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos junto a los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao, y a los dos legisladores del PRO Patricia McKidd y Santiago Ibarrolaza, se elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo solicitando detalles de lo acontecido a la fecha, en cuanto a las concesiones otorgadas entre los años 2017 y 2018 y los cumplimientos de las partes en tal sentido.

Básicamente se quiere saber a ciencia cierta, antes de renegociar contratos, si las empresas concesionarias cumplieron con el plan de inversiones comprometidas y además si, en caso de haber existido desprolijidades o irregularidades, se aplicaron las medidas sancionatorias correspondientes.

La presentación menciona que es necesario que los legisladores estén debidamente informados sobre si las empresas han cumplido con lo establecido y más aún, si los funcionarios que las deben controlar obraron de acuerdo con los deberes impuestos por la ley.

Puntualmente se requirió información vinculada a si hubo proceso de reversión a la Petrolera San Miguel y la fecha de notificación a la misma con su debido acto administrativo. Se quiere saber si la Secretaría de Energía procedió a liquidar y reclamar el pago de las acreencias que le corresponden a la Provincia de Río Negro o a EDHIPSA en relación a esa concesionaria.

Además, solicitaron el listado de concesiones sobre las cuales el Ejecutivo ya comenzó los procesos de renegociación, los plazos de extensión que se están negociando en cada área y si existen pedidos formales de adjudicación de nuevas áreas.

Sobre la empresa EDHIPSA se consultó acerca de su presupuesto, personal, remuneraciones y tareas que se realizan. Se pide un detalle pormenorizado de los montos totales de transferencias realizadas desde el Estado Provincial y desde el sector privado a la empresa petrolera estatal desde el año 2017 a la fecha.

Finalmente piden ser informados sobre a qué organismo se rinden los cánones que se cobran a las operadoras (establecidos en dólares) y la evolución de la producción anual, convencional y no convencional, de petróleo, gas y agua por concesión y por operadora.