Foto Gentileza del diario Rio Negro

“Lo ocurrido constituye un grave perjuicio para todos los estatales rionegrinos y aunque no hayamos podido ser querellantes en la causa nos sentimos parte de esta investigación y vamos a insistir para que la justicia llegue a fondo y se establezcan todas las herramientas necesarias para que nunca más haya hechos de este tipo”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

Para el sindicato la mayoría de los casos de corrupción o estafa en el Estado quedan impunes, razón por la cual, cuando se concretó la denuncia en 2019, ATE se presentó en los Tribunales de General Roca para solicitar ser querellante en la causa.

El pedido fue rechazado a pesar de que el artículo 55 del nuevo Código Procesal Penal habilita a las organizaciones que posean un interés legítimo en alguna causa a constituirse en querellantes. Justamente, para ATE las víctimas en el hecho que se investiga son trabajadores activos y jubilados dependientes del Estado provincial y los municipios, afiliados todos a la obra social estatal, sobre quienes el gremio posee representación de sus intereses individuales y colectivos.

Asimismo, el artículo 3 del estatuto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el 31 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales señala que “son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”.

El sindicato, además, es víctima como integrante de la Administración Pública en el Consejo de la Función Pública, en su Comisión General Técnica Ejecutiva, en el Directorio del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y en el Consejo de Administración del IPROSS.

Dando la razón al gremio, el delito es por estafa agravada en perjuicio de la administración pública en variadas modalidades, motivo por el cual a los siete imputados se les prohibió salir del país, se inhibió sus bienes y se les ordenó presentarse en Tribunales cada 15 días.

Tras la formulación de cargos realizada este viernes, se abre ahora un período de cuatro meses para que avance la investigación, con la incorporación de pericias, testimonios y otras prueba que las partes consideren relevante.