El fallo destaca que «negarse a reconocer que la infertilidad es un problema relacionado con la salud, implica desconocer el avance científico existente en el tema, como así también que dichos reconocimientos se posterguen bajo un fundamento meramente economicista- en perjuicio de necesidades de este tipo, que hacen básicamente a la dignidad y naturaleza humana».

Cabe señalar que el Tribunal del amparo rechazó el pedido de la requerida relativo a citar como tercera interesada a la Obra Social, a la que se encuentra afiliado el marido de la amparista, en tanto consideró que en la presente acción no se requirió ningún estudio o tratamiento relativo al esposo de la afiliada al I.PRO.S.S., máxime teniendo en cuenta que la figura procesal de citación de un tercero tiene como requisito esencial que exista una controversia en común entre una de las partes y quien resulta ser citado.

Al respecto agregó que el eventual derecho de repetición que pudiere asistirle a la Obra Social requerida, y relacionada al esposo de la accionante necesariamente, debe ser discernido en un marco de un juicio de conocimiento y con una amplitud de debate que desvirtuaría la vía sumarísima del amparo.

Finalmente, y luego de realizar una reseña de los antecedentes del Superior Tribunal de Justicia y de lo sostenido por dicha Cámara en otras oportunidades similares, el Tribunal de amparo concluyó que por aplicación de la ley nacional de reproducción médicamente asistida nº 26.862 y el decreto nº 956/13, los cuales tienen por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, la Obra Social se encuentra obligada a brindar la cobertura peticionada , destacando que la amparista no pretende que la requerida cubra los gastos médicos relativos a su esposo.

Por su parte la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, dictaminó que se debe rechazar el recurso de apelación intentado, confirmándose la sentencia impugnada, con costas.