La distribución de subsidios provinciales ya acumula investigaciones judiciales. Los aportes del Estado rionegrino crecieron sorprendentemente el año pasado, duplicando los aportes del ejercicio anterior. La nota fue publicada por el diario Rio Negro.

Por encima de cualquier desgloce, la partida del 2015 de transferencias a instituciones culturales y sociales, sin fines de lucro superó los 180 millones frente a los 77 millones del 2014.

Cientos o miles de contribuciones explican esas erogaciones del gobierno de Alberto Weretilneck, mayormente durante el proceso electoral.

La Justicia ya requirió un listado de beneficiarios y, simultáneamente, una comitiva del juzgado de Carlos Mussi concurrió esta semana a Gobierno, Desarrollo Social y Secretaría General por documentación de los aportes entregados a una ONG de General Roca, relacionada de una dirigente y funcionaria provincial.

La asignación y entrega personal de aportes se constituyó en la matriz institucional y política de la construcción del gobernador. Clubes, asociaciones, cooperativas o cualquier entidad accedió a una transferencia estatal. Algunos fueron bien polémicos, como el millón de pesos -en cuatro cuotas- al que accedió el Colegio de Abogados de Viedma como colaboración para comprar un inmueble. Esa institución de letrados, como parte autónoma, integra el Consejo de la Magistratura, que sanciona y elige funcionarios judiciales.

Durante el año pasado, el Estado distribuyó -por todo concepto- 180 millones en transferencias a instituciones culturales y sociales, sin fines de lucro. Esas entregas duplican ampliamente a la misma partida del 2014, que rondó los 77 millones. El promedio mensual se aproximaba a los 6,5 millones y creció a unos 15 millones. La fuerte disponibilidad de recursos por las prórrogas petroleras se combinaron con la propensión militante por la sucesión de las campañas electorales, afirma el Diario Rio Negro.

Un listado de beneficiarios fue requerido por la fiscal penal Itziar Soly al Ministerio de Economía. La solicitud comprende los pagos de siete meses del 2015, puntualmente del 1° de enero al 30 de julio. La intervención de Soly tiene su origen en una denuncia de junio pasado de la todavía legisladora Ana Piccinini aunque su presentación estaba centrada en los subsidios a entidades y personas de Viedma. La fiscal amplió el requerimiento a toda la provincia.

Según trascendió, Economía remitió copiosa documentación a la Fiscalía aunque las mismas estarían plagadas de tecnicismos que imposibilitan precisar el mecanismo y detalles del reparto gubernamental, que conformaba otro requerimiento de Soly. Además, las nóminas no incluirían los montos asignados.

A partir de ese inconveniente, la fiscal ha convocado a peritos para profundizar su evaluación y desentrañar los registros de Economía. Igualmente, en el Ministerio Público ya advierten que la investigación no será sencilla ni rápida porque, todavía, queda resolver la contratación del profesional y, después, recién esperar su informe.

Otra información pedida por la funcionaria judicial está centrada en los listados de Personas Jurídicas, con antecedentes y condiciones de las instituciones. Esta formalidad constituye un requerimiento legal en el acceso de un aporte estatal.

Hay listados parciales. Por eso, el único dato oficial de las asignaciones pueden encontrarse en los registros de la Contaduría, con un notable crecimiento de los desembolsos. En el ejercicio de 2015, la partida 517 -que está identificada como transferencias a instituciones culturales y sociales, sin fines de lucro- totalizó órdenes a pagar por 180.207.467 pesos. Su equivalente de 2014 llegó a 76.810.171 y en 2013 alcanzó 58.146.537. La evolución mensual comenzó con 4,8 millones en 2013, llegó a 6,4 en 2014 y alcanzó los 15 millones en el último año.

Hay otro desembolso para instituciones culturales y sociales, sin fines de lucro -incluido en la partida 524- por 43.954.192 en el último ejercicio. Este apartado contable es inexistente en años anteriores. Seguramente, ese registro contiene los aportes de los fondos petroleros, puntualmente transferidos a la Federación de Bomberos Voluntarios. Esta asignación y su rendición presenta, de por sí, otro problema.

Casi 9 millones para «flamantes» ONGs de Roca

Estarían vinculadas a la funcionaria Norma Torres. La Justicia retiró información al respecto en distintos organismos del Estado provincial.

La Justicia avanzó en una investigación por subsidios provinciales a ONGs en Roca, que concejales roquenses formalizaron a fines del año pasado. Las entidades beneficiadas, con meses de creación, pertenecían a referentes del sector político del oficialismo, liderado por la subsecretaria de Relaciones Institucionales de la Secretaria General, Norma Torres.

El último jueves, una delegación del juzgado de Carlos Mussi se apersonó en Gobierno, en Secretaría General y Desarrollo Social para retirar información en referencia a las transferencias realizadas por la administración rionegrina en favor de esas ONG. Fuentes judiciales confirmaron esa diligencia de los suyos pero extremaron el cuidado en el uso del vocabulario. No fueron allanamientos, aclaraban y aludían que los judiciales retiraron documentos.

Las asociaciones -que fueron conformadas en el 2014- se denominan «Proyectando Caminos» y «16 de Diciembre». Ambas recibieron montos millonarios del gobierno rionegrino para la ejecución de proyectos sociales.

En noviembre del año pasado, Río Negro ya publicó que esas ONG había recibido unos 8,6 millones de pesos, destacándose que la viuda del fallecido vicegobernador Carlos Peralta encabezó las gestiones de esos aportes, orientados a la construcción de viviendas y servicios en distintos barrios aunque, luego, se conoció que esa participación era de intermediario ya que la ejecución propiamente dicha correspondió a cooperativas, en el marco de programas de Desarrollo Social.

El decreto N° 1607 otorgó a «Proyectando Caminos» algo más de 3,3 millones para la conexiones de gas en 311 viviendas de diferentes barrios mientras tres aportes fueron asignados a la asociación «16 de Diciembre», sumando casi 5,3 millones.

El primero, a partir de un convenio firmado en enero en Casa de Gobierno con el gobernador Weretilneck, totalizó 2.127.892 pesos para la construcción de seis casas, el segundo -en setiembre- representó 1.372.468 pesos para terminar diez casas en Chacra Monte. El tercero, formalizado en octubre último, sumó 1.781.439 para la ejecución de conexiones de agua en 311 casas.

Gestiones con orígenes diversos
Los trámites se generaron en diferentes organismos. En casi todos los casos duplicaron el monto general del año anterior.

Los aportes a clubes, iglesias, cámaras o asociaciones de todo tipo, incluso a municipios, se generan en cualquiera de los ministerios. En todos los casos, las subas son notables en su comparación a las entregas realizadas en el 2014.

Desarrollo Social mantuvo el mayor número de desembolsos, pero su evolución fue menor frente al registro de sus pares. El promedio mensual del 2015 rondó los 12 millones ante los 10 millones del año anterior. En cambio, otros ministerios duplicaron sus asignaciones.

La Secretaria General preveía partidas para unos 10 millones para «transferencias» pero, en octubre, ya había usado unos 18 millones. Turismo -que incluye a Deportes y Cultura- había aportado a setiembre algo más de 18 millones y el ejercicio anterior había utilizado 11 millones. Dos millones mensuales frente a un millón del año anterior. El registro de Gobierno promedió los 3,8 millones por mes frente los dos millones del 2014, es decir, 34 millones hasta setiembre del 2015 contra 23,6 millones del 2014.

Los millonarios envíos a Roca para ONG vinculadas a Torres
Las entidades beneficiadas, con pocos meses de creación, pertenecían a referentes del sector político del oficialismo, liderado por la subsecretaria de Relaciones Institucionales de la Secretaria General, Norma Torres.

La Justicia avanzó en una investigación por subsidios provinciales a ong de Roca, a partir de una denuncia que concejales de la ciudad formalizaron a fines del 2015. Las entidades beneficiadas, con pocos meses de creación, pertenecían a referentes del sector político del oficialismo, liderado por la subsecretaria de Relaciones Institucionales de la Secretaria General, Norma Torres.

El último jueves, una delegación del juzgado de Carlos Mussi se apersonó en Gobierno y Desarrollo Social para retirar información en referencia a las transferencias realizadas por la administración rionegrina en favor de esas ong. Fuentes judiciales confirmaron esa diligencia pero extremaron el cuidado en el uso del vocabulario. No fueron allanamientos, aclararon y aludieron que los judiciales retiraron documentos.

Las asociaciones –conformadas en el 2014– se denominan Proyectando Caminos y 16 de Diciembre.

En noviembre del año pasado, «Río Negro» ya publicó que esas ong habían recibido unos 8,6 millones de pesos, destacándose que la viuda del fallecido vicegobernador Carlos Peralta encabezó las gestiones de esos aportes, orientados a la construcción de viviendas y servicios en distintos barrios. Luego se supo que la participación de las ong era como intermediarias ya que la ejecución propiamente dicha correspondió a cooperativas.

El decreto Nº 1607 otorgó a Proyectando Caminos algo más de 3,3 millones para la conexiones de gas en las 311 viviendas de diferentes barrios mientras tres aportes fueron asignados a la asociación 16 de Diciembre, sumando casi 5,3 millones. El primero totalizó 2.127.892 pesos, el segundo 1.372.468 pesos y el tercero, formalizado en octubre último, sumó 1.781.439 pesos.

FUENTE: Diario Rio Negro