INVAP diseñó el corazón de la primera central nuclear privada del país
El reactor de la primera central nuclear privada de la Argentina lo diseñó una empresa que es de los rionegrinos. Qué significa, cómo se armó el negocio y qué falta.

Hace unos días, con menos ruido del que merecía, el Gobierno anunció uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos del país: la primera central nuclear de financiamiento enteramente privado de la Argentina, con una inversión de 1.200 millones de dólares. Lo llamativo no es solo la cifra. Es de dónde salió el corazón del proyecto —el reactor— y quién lo diseñó: ingenieros de INVAP, la empresa que es de los rionegrinos.
El proyecto lo encara una compañía nueva, Meitner Energy, controlada por el Grupo Ansari —del magnate estadounidense de origen iraní Hamid Ansari—, con INVAP como socio, dueño del 40%. La central se levantaría en el predio de Atucha, en Lima, provincia de Buenos Aires, y el reactor que va a usar no es importado: es el ACR-300, un diseño argentino de unos 300 megavatios.
Conviene entender qué tipo de reactor es, porque ahí está la novedad. No hablamos de una central gigante como las Atucha que ya existen. El ACR-300 es lo que se llama un reactor modular pequeño —un SMR, por su sigla en inglés—: la idea es fabricarlos casi en serie, más chicos y más baratos, y montarlos donde hagan falta, en vez de construir cada central desde cero como una obra de quince años. Tiene, además, una particularidad: se refrigera por aire, lo que en teoría permitiría instalarlo hasta en zonas sin acceso a grandes fuentes de agua. Es la apuesta del momento en el mundo: los mismos gigantes tecnológicos que levantan centros de datos para inteligencia artificial están firmando contratos por este tipo de reactores para alimentarlos. Si se concreta, este sería el primero de su clase construido comercialmente en el planeta.
Y acá aparece lo que de verdad nos toca. INVAP ya nos había demostrado que puede jugar en primera: hizo los satélites argentinos, exporta reactores de investigación a países del primer mundo, fabrica radares. Pero una cosa es diseñar un prototipo con plata del Estado —como el CAREM, el pequeño reactor que se construye hace años— y otra distinta es que un diseño propio se vuelva el núcleo técnico de un negocio privado de miles de millones. Eso es lo que cambió. La ingeniería nuclear que se piensa en Bariloche dejó de ser una promesa de laboratorio para convertirse en algo que se vende.

Luis Caputo junto a Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina (Ministerio de Economía)
Vale la pena entender cómo está armado el negocio, porque se prestó a confusión. INVAP diseñó el ACR-300 y lo patentó en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Eso, que a primera vista suena a que "se lo llevaron afuera", es en realidad una decisión comercial de manual. Las patentes son territoriales: se protegen donde está el mercado. Y en energía nuclear, el mercado de referencia —y el regulador que funciona como sello de calidad mundial, la NRC estadounidense— está en Estados Unidos. Patentar allá no impide patentar acá ni en ningún otro país; lo que hace es posicionar el producto para venderlo en el mundo, que es exactamente de lo que se trata un SMR: fabricarlo en serie y exportarlo. Dicho de otro modo: se patentó donde se piensa vender.
Sobre esa base se armó Meitner Energy, una sociedad constituida en Estados Unidos entre una filial de INVAP —Black River Technology— y el grupo de Ansari, que aporta el capital. INVAP se quedó con el 40% y con la ingeniería; Ansari, con el 60% y la billetera. ¿Por qué meter el diseño en una sociedad y no guardárselo en un cajón? Porque un reactor "primero de su tipo en el mundo" cuesta miles de millones y arrastra un riesgo que ni INVAP, ni la provincia, ni el país, pueden financiar solos. La sociedad es el vehículo que trae esa plata y que después puede salir a vender y licenciar el reactor por todo el planeta. Y lo interesante es que la jugada no cierra puertas: le abre mercados a INVAP, incluso acá, donde de ahora en más compite de igual a igual con las grandes del rubro.
Hay quienes lo leen como una cesión de soberanía tecnológica, y el debate es legítimo, vale tenerlo. Pero también es cierto que un diseño sin capital que lo construya no le sirve a nadie. La discusión de fondo no es si patentamos en Estados Unidos, sino si vamos a saber capitalizar —en empleo, en proveedores, en conocimiento que se queda— el hecho de que el cerebro de todo esto sigue estando en el país.
Seamos claros, eso sí, con lo que todavía no es. Esto es un anuncio, no una obra. El régimen impositivo al que aspira a acogerse —el llamado Súper RIGI, con beneficios y estabilidad por 30 años para inversiones de más de mil millones de dólares— ni siquiera es ley todavía: obtuvo media sanción en Diputados a fines de junio y espera su tratamiento en el Senado. Y recién cuando ese régimen exista, el proyecto tendría que ser admitido y aprobado dentro de él. A eso se suman la licencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear y los años —cinco, calculan— que lleva levantar algo así. El proyecto promete unos 2.000 empleos directos, repartidos entre la obra y la operación. Nada de eso está garantizado hasta que las máquinas empiecen a moverse.
Hay, además, una contradicción nuestra que vale la pena nombrar. La central va a Atucha, donde ya está la infraestructura nuclear del país, y no a Río Negro. Pero incluso si alguien lo hubiera querido acá, no habría podido, y conviene entender por qué.

Las centrales de Atucha I y II
Desde 2017 rige en la provincia la Ley 5227, que prohíbe las centrales nucleares de potencia en suelo rionegrino. Esa ley nació cuando la Nación impulsaba instalar en Sierra Grande una central de gran porte, financiada por capital chino, sin haber consultado a los que vivían al lado. Fue una defensa legítima contra una imposición. Por eso dejó una sola puerta abierta: la tecnología del CAREM, el reactor de diseño nacional de la CNEA y de INVAP.
El problema es que el mundo avanzó y esa puerta quedó angosta. El ACR-300 también es un diseño argentino, de nuestra propia empresa, pero es bastante más grande que el CAREM, así que no entra con claridad en esa excepción. Dicho de otro modo: una ley que se escribió para frenar un reactor extranjero impuesto hoy también dejaría afuera un reactor soberano, pensado acá. Si algún día quisiéramos que un desarrollo propio pudiera radicarse en la provincia, no haría falta derogar la 5227 ni resignar lo que protege —que nadie nos imponga una central sin consulta ni licencia social—; alcanzaría con ajustar esa excepción para que abarque también los desarrollos nacionales soberanos, y no solo el CAREM. Es una conversación que, tarde o temprano, vamos a tener que dar con seriedad.
Porque lo valioso de esta noticia, para nosotros, no es dónde termine el edificio ni en qué oficina de patentes quedó registrado el diseño. Es que el conocimiento, la ingeniería y el empleo calificado que hay detrás de ese reactor viven, hoy, en Río Negro, en una empresa que es nuestra. Y eso —tenerlo, y saberlo— es una ventaja que muy pocas provincias del mundo pueden contar.




