UnTER dice que el Ministerio de Educación, acompañando los criterios que emanan de la Función Publica, reglamentan la Resolución Nº 233/98 “Régimen de licencias docentes”, sin consenso con el sindicato, desconocen o niegan el valor de esta reglamentación que tiene fuerza de Ley porque proviene de un acuerdo paritario. Por lo tanto, su forma de implementarse no puede incorporar elementos que los trabajadores rechacen por verse directamente afectados.

Esta situación se ha denunciado de manera reiterada en paritarias, en la comisión de salud que nos reúne con representantes del ministerio, y de manera personal, a través de diversos recursos.

Las Juntas Médicas no cumplen con lo determinado por la Res. 233/98 y se remiten a obedecer órdenes de la Función Pública, cuyas atribuciones no pueden avanzar sobre otras. Por esta razón es necesario que el gobierno cumpla con la Ley y entienda que nuestras condiciones laborales – así como las salariales- deben ser discutidas en su totalidad en el marco de la Paritaria Docente.

Rechazamos la Resolución 3247/14, en consonancia con la impugnación presentada por la Vocalía Gremial Docente en el CPE, en la que se estipula que es “injusta, irrazonable y por ello merecedora de revisión y derogación, toda vez que desconoce por completo “el derecho a la salud del trabajador docente” como derecho fundamental y humano. Reduce a los trabajadores readecuados a una función meramente instrumental para la ejecución de las necesidades del sistema educativo”.

Otro tema que nos genera preocupación, y afecta fundamentalmente a trabajadores/as de las zonas menos favorables de nuestra provincia, es el “no reconocimiento” de las licencias por consultas médicas o tratamientos cortos en los casos en que hay que trasladarse del lugar de origen; es decir un trabajador o una trabajadora, sin prescripción de “reposo” pero que debe viajar para ser atendido/a por un médico, tiene que agotar su licencia por “razones particulares” y si tuviera que asistir a nuevas consultas, sus inasistencias se le descontarían de su salario.

En las zonas donde la población no cuenta con especialistas o centros donde realizarse estudios, desde el Ministerio no justifican Art. 1 233 si no dice «Reposo laboral”. Las compañeras y los compañeros son víctima entonces de un acto de discriminación por parte del Ministerio que no repara en la necesidad y desigualdad de oportunidades por vivir en sectores donde no cuentan con esos servicios.

Por otro lado, entendemos que asistimos a tiempos de ajuste, donde se prioriza pagar favores políticos pero no la salud del/a docente, de su familia o su salario, debido a que con mayor frecuencia se rechazan los pedidos de enfermedades de largo tratamiento o excepciones por atención de familiar pagas.