Según la acusación, entre los primeros meses del año 2020 hasta la actualidad, el hombre ofreció a un grupo de personas tanto a través de redes sociales como de manera presencial, terrenos que hacía aparentar como legítimos, a cambio de dinero. Los lotes, ubicados en el perímetro delimitado por las calles 30, 49, 10 y 35 pertenecían al Barrio Popular Esperanza o Nueva Esperanza.

Para ello simuló ser funcionario público e iniciar trámites de regularización de dichos inmuebles (mediante exposiciones policiales e inscripción en el RENABAP), la conexión de servicios de agua y luz, la apertura y limpieza de calles. Asimismo, la Fiscalía sostiene que mintió sobre su influencia en organismos y/o funcionarios públicos, aprovechándose de la vulnerabilidad y falta de conocimiento de las personas damnificadas.

El hecho tiene un gran volumen de sustento probatorio, qe componen no sólo las denuncias sino además informes varios y el resultado de la actuación policial. La investigación comenzó con la denuncia realizada a fines de enero de este año, realizada por una de la damnificadas.

La defensa no manifestó objeciones a la formulación de cargos aunque explicó el alcance de las gestiones del acusado, destacando que no se hacía pasar por funcionario sino que manifestaba trabajar con ellos. En este sentido adelantó su teoría del caso que será investigada durante los cuatro meses en los que se extenderá la investigación penal preparatoria.

En la instancia se dictó como medida cautelar la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio del hombre con damnificados y testigos que fueron debidamente identificados en la audiencia.

Participaron de la audiencia de formulación de cargos los Fiscales Juan Pedro Peralta y Paula de Luque, los Defensores oficiales Marta Ghianni y Adrián Zimmermann y el Juez de Garantías, Adrián Dvorzak.