Según la titular de la Unidad Fiscal que investiga delitos contra la administración pública, esta imputación se sustenta en cinco hechos diferenciados. El primero sucedió el 4 de Mayo de 2016, cuando un agente policial habría disparado con una itaca y perdigones de goma, en momentos en que varios internos se encontraban en el uso del horario de visitas, jugando al fútbol y encontrándose en el lugar menores de edad. El accionar del hombre, cuyo objetivo fue el de «provocar a los internos», no sólo puso en peligro a los menores que se encontraban en el establecimiento sino que algunas balas impactaron sobre el cuerpo de por lo menos uno de los internos.

El segundo hecho ocurrió el 7 de Mayo pasado cuando, mientras un interno recibía a un familiar, un agente lo habría amenazado con su arma reglamentaria, apuntándole y propinando insultos. El tercer hecho, según indicó la fiscal, sucedió el 16 de Mayo de 2016 cuando tres empleados policiales, mientras varios internos se encontraban en el sector del patio jugando al fútbol, comenzaron a amenazarlos mediante insultos, tirándoles escopetazos con las itacas. Por este hecho, por lo menos cuatro internos resultaron lesionados, conforme a las certificaciones médicas incorporadas a las actuaciones.

De forma posterior a dicha situación, personal del Cuerpo de Intervenciones Especiales Penitenciarias (CIEP) ingresa al lugar buscando un celular que tendría un interno, con el cual se habría filmado los disparos de itaca realizados por los agentes. Mediante insultos y amenazas, lo reducen propinándole golpes en la cara y costillas. Luego de este hecho, en el momento de la requisa, personal policial interviniente separa a un grupo de internos que fueron trasladados al sector del lavadero, dónde se encontraba «otros efectivos policiales con sus rostros cubiertos». Tres efectivos del grupo de la requisa comienzan a golpear en el rostro y en las costillas a uno de los detenidos, mediante golpes de puño y patadas, provocándole lesiones que se encuentran debidamente acreditadas.

La representante del Ministerio Público Fiscal entiende que «existen elementos probatorios suficientes para acreditar la responsabilidad y el accionar de los tres agentes policiales», dejando abierta la individualización de otros agentes policiales y la posible ampliación de la acusación.

En relación a ésto, la fiscal solicitó una serie de medidas al Juzgado de Instrucción Nº 8, entre las que se destaca, el pedido de indagatorias a los tres agentes del servicio penitenciario por los hechos descriptos.