La denuncia fue realizada por el titular del organismo en Julio del año pasado y en la audiencia, la Fiscalía de Estado se constituyó como querellante.

Según el Fiscal José Chirinos, una mujer está considerada autora de los hechos. Se trata de quien cumplía funciones en el sector de ingresos del área de Auditoría odontológica y que, haciendo uso de los permisos que tal función le otorgaba, “cargó en el sistema informático trámites de reintegro por una suma total de 1.121.318 pesos” beneficiando con tales transferencias a 11 afiliados.

La calificación legal del delito imputado es la de fraude en perjuicio de la administración pública siendo, la mujer, autora de tal delito y las restantes personas, partícipes necesarias del mismo.

Como sustento probatorio el Fiscal detalló que cuenta con la denuncia penal efectuada por el Presidente de la obra social, Alejandro Marenco, a mediados del año 2020.

A partir de allí comenzó la investigación preliminar que incluyó -entre otros trascendentes testimonios- el aportado por la auditora que inició la investigación que verificó que tales reintegros no contaban con respaldo documental alguno y el de un analista de sistemas del organismo que realizó un informe en el que pudo constatarse que fue la misma persona quien cargó la totalidad de estos reintegros.

Además, se entrevistó a la Asesora legal del IProSS que realizó un sumario interno en el que también se cotejaron los reintegros realizados por la imputada, confirmando que no existe documentación respaldatoria; así como a diversos empleados del organismo que detallaron las funciones de la imputada.

En cuanto a informes y documentos, se obtuvieron la totalidad de las planillas del IProSS en donde constan los afiliados que se beneficiaron con los reintegros, los montos exactos y las fechas en que se realizaron los mismos. También, y a requerimiento de la Fiscalía, el Banco Patagonia remitió la totalidad de los comprobantes bancarios de los mismos y el área de Informática Forense del Poder Judicial elaboró un informe que mostró la coincidencia de los reintegros realizados por la mujer con los cobrados por el resto de los imputados.

La Fiscalía de Estado representada en la audiencia por el abogado Federico Gallardo se constituyó como querellante en la causa y manifestó su adhesión a la acusación fiscal.

Finalmente, el abogado defensor de quien está imputada como autora del delito, no se opuso a la formulación de cargos pero deslindó de responsabilidades a las restantes personas aludiendo que los mismos “no tenían conocimiento de los hechos”. Los abogados de dichas personas no manifestaron oposición alguna.

Finalmente el Juez de Garantías, Juan Pedro Puntel admitió la formulación de cargos y dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.