Esto le permitirá al Estado Provincial iniciar acciones civiles contra los representantes legales de los menores involucrados.

Alrededor de una decena de denunciantes falsos de bombas en establecimientos educativos ya fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal, entre quienes sólo uno tendría edad para ser imputado. Para el resto, la demanda recaerá sobre los padres, madres y tutores legales de los menores, tal como ya se implementó en el caso del incendio intencional que arrasó con la ESRN 9 y el CEM 86 de Roca, hoy completamente reconstruido.

Es intención del Gobierno iniciar las acciones civiles correspondientes contra los representantes legales de los menores, a fin de reclamarles la totalidad de los daños ocasionados ante las reiteradas amenazas falsas de bombas en escuelas. En todo este tiempo, se ha producido un grave daño a la comunidad educativa y un gasto enorme en operativos al Poder Ejecutivo.

El último operativo en Bariloche ante un llamado al 911 por amenaza de bomba tuvo un costo de $50.000, según datos del área de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos seguirá trabajando junto al Ministerio Público Fiscal en el marco de su competencia, para avanzar en la investigación para determinar la autoría material de las amenazas, registradas este último tiempo en distintos establecimientos escolares.