También deberá abonar en favor del Estado provincial la suma de 15 millones de pesos y pagar las costas del juicio.

De esta forma, la causa penal concluye con una condena para quien fue acusado de ser autor de los hechos y la recuperación de más de 37 millones de pesos. La culminación de la etapa le permitirá a la Fiscalía de Estado continuar el reclamo en sede civil.

En relación a Gatica, el juez Marcelo Álvarez aceptó el procedimiento abreviado presentado por el Fiscal Juan Pedro Puntel, la defensa del acusado y el representante de la Fiscalía de Estado. Se le impusieron además pautas de conducta por tres años: fijar residencia, someterse al cuidado del patronato de presos y liberados y abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas.

Asimismo, Alvarez aceptó el pedido de la defensa de Stella Maris Sale para acceder a la suspensión del juicio a prueba, medida a la que se opuso la acusación. La ex Secretaria de finanzas del gremio deberá reparar el daño entregando más de 2.700.000 de pesos al erario estatal, realizar tareas en un merendero y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia a presos y liberados.

La resolución de la causa
La formulación de cargos a la totalidad de los imputados se había realizado en el año 2018. A partir de allí comenzó a desandarse este caso complejo que implicó pericias contables realizadas por el equipo de la Procuración General y que tuvo la apelación de la defensa privada a cada una de las resoluciones jurisdiccionales.

Finalmente, en mayo de este año los primeros cinco imputados, a quienes le endilgaban la participación en tres de las once maniobras, ofrecieron en el marco de una suspensión de juicio a prueba la cesión al Estado provincial de cinco terrenos valuados en más de 12 millones.

Dicha propuesta, a la que se le agregaba la realización de horas de trabajo comunitario en instituciones del Estado, fue posible al no contar los imputados con antecedentes penales, ni ser funcionarios públicos.

Un mes después la pareja del Secretario General y el hijo de ella, también considerados partícipes necesarios, ofrecieron el resarcimiento de seis millones y medio de pesos a las arcas del Estado provincial.

En tanto, otros dos empleados del gremio acusados de haber continuado cobrando cuotas una vez que el Fondo para la Vivienda y Turismo social estuvo inmovilizado, devolverán un millón y medio de pesos. Finalmente un quinto imputado que había presentado facturas apócrifas que fueron pagadas con dinero del mencionado fondo transferirá 40.000 en un solo pago a la cuenta del erario público provincial.

En todos los casos, las respectivas sentencias que hicieron lugar a la Suspensión de Juicio a Prueba, incluyeron además de diversas pautas de conducta, entre ellas la realización de horas de trabajo comunitario en diversas organizaciones sociales.